Bajo observación

Por primera vez en casi tres décadas, Colombia enfrenta el fantasma de la descertificación antidrogas por parte de Estados Unidos. El anuncio de Washington, emitido bajo la Ley de Asistencia Exterior de 1961, ubicó al país junto a Afganistán, Bolivia, Venezuela, Birmania y China. Aunque la Casa Blanca concedió un waiver -exención temporal-, el mensaje fue claro: Colombia queda bajo observación y se arriesga a consecuencias severas si no corrige el rumbo.

El comunicado fue tajante, los cultivos de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles históricos y las metas de erradicación no se cumplieron. La crítica no apuntó a las instituciones de seguridad sino al liderazgo político. Aun así, Washington precisó que la cooperación en defensa, programas humanitarios y servicios consulares no se verán afectados y dejó abierta la puerta a reconsiderar la designación si se adoptan medidas más contundentes.

La reacción de los mercados fue contenida. Ni el Embi ni la tasa de cambio registraron sobresaltos, porque la posibilidad de descertificación ya estaba descontada por el mercado. Pero esa calma no es indiferencia, ya que, si las advertencias se traducen en sanciones, los efectos serán drásticos.

La descertificación no es simbólica, puede acarrear repercusiones financieras, comerciales, migratorias y reputacionales. En lo financiero, los bancos corresponsales podrían subir tasas y exigir debida diligencia más estricta, alargando procesos y dificultando el acceso. En lo regulatorio y de riesgo país, son posibles clausuras de cuentas por de-risking, restricciones para monetizar divisas, prohibiciones de negocios con empresas estadounidenses o incluso congelamiento de activos. En lo diplomático y migratorio, la consecuencia sería un endurecimiento de requisitos y el deterioro de relaciones bilaterales.

En este contexto, resulta clave la agenda del sector financiero en tres frentes: (i) avances en materia de prevención de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Fpadm, mediante un proyecto de ley y la inclusión en el PCE de Saras; (ii) preparación de la 5ª ronda del Gafi con mesas de trabajo para mejorar la debida diligencia de Apnfd y la Fiscalía; e (iii) interlocución directa con autoridades como la Ofac, DEA y FinCEN. Estos esfuerzos buscan blindar el sistema financiero, anticipar exigencias globales y preservar la confianza de los corresponsales internacionales.

No es un escenario hipotético. En 1995, Colombia ya fue descertificada. La banca internacional endureció las exigencias en prevención de lavado y financiamiento del terrorismo, imponiendo costos adicionales al sistema financiero. Solo acciones concretas, como la creación del sistema antilavado impulsado por la banca, evitaron un daño mayor. Esa memoria prueba que los efectos trascienden la política exterior y golpean la economía real.

La pregunta de fondo es cómo reaccionar. Hay avances en inteligencia financiera, cooperación judicial y lucha contra el lavado; pero el aumento de cultivos ilícitos revela retroceso y desconexión entre metas y realidad. Si no se intensifican la erradicación, la sustitución productiva y el control del narcotráfico, la descertificación pasará de advertencia a sanción con costos enormes.

En última instancia, la descertificación recuerda que Colombia no puede bajar la guardia frente a la criminalidad. Está en juego la relación con Estados Unidos, la estabilidad económica, la confianza internacional y la reputación en los mercados. Reconocer avances es necesario; asumir con realismo los desafíos pendientes, inaplazable. El waiver no es un salvavidas permanente, sino una prórroga para corregir el rumbo antes de que las consecuencias sean irreversibles.