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Analistas 07/03/2015

Neutralidad de la red: la mayor antinomia del siglo XXI

Javier Villamizar
Managing Director
La República Más
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El mercado de las telecomunicaciones es uno de los que evoluciona a mayor velocidad y esa evolución está precisamente predicada en la velocidad con que las empresas del sector logran innovar en sus redes, servicios y ofertas al consumidor.  Para nadie es un misterio que para competir en la industria de telecomunicaciones hoy en día se requieren grandes capitales con el fin de mantener la infraestructura actualizada y así poder prestar servicios cada día más complejos, pero de mayor valor para el usuario final. En el pasado, las empresas del sector, mayormente controladas por los gobiernos, vivían en estructuras de mercado monopólicas que las protegían de la entrada de competidores. Desde finales del siglo pasado esto ha cambiado y los gobiernos han optado por privatizar los operadores de telecomunicaciones y permitir la sana competencia y el acceso a las licencias y el espectro necesario para la operación de los nuevos jugadores.

Históricamente, en internet, esa red global que interconecta diferentes redes a distintas escalas y cuya propiedad está distribuida entre las diferentes empresas proveedores de acceso a la misma, el tráfico se intercambia en base a una especie de ‘acuerdo entre caballeros’ sin que exista la necesidad de que unos se cobren a otros y los participantes llevan el tráfico de todos los demás sin prejuicios y poniendo el mejor esfuerzo. Este principio de igualdad de participación ha sido uno de los pilares de su crecimiento y difusión a nivel global durante los últimos treinta años y gracias a el, todas las empresas que proveen acceso han invertido de manera continua en ampliar la capacidad de sus redes con el fin de soportar el incremento de tráfico y de usuarios. 

Gracias a la llegada de los proveedores de servicios “Over the Top” (OTT) como Whatsapp, Skype, Facebook, Netflix o Youtube, los ingresos de los operadores telecomunicaciones se han venido incrementando paulatinamente, siendo el crecimiento en la utilización de estos servicios, el principal motivador para que los usuarios finales adquieran dispositivos móviles inteligentes, computadores y planes de datos móviles o de banda ancha domiciliaria. A medida que estos servicios, que en su gran mayoría son prestados por terceros y cuyo acceso universal está de una u otra manera garantizado por la apertura intrínseca del internet, se vuelven más populares y su utilización genera mayor tráfico sobre la infraestructura de los prestadores de servicio sin un incremento tangible de sus ingresos o ganancias en directa proporción con el aumento de tráfico, los operadores de telecomunicaciones han empezado a cuestionar su rol en la cadena de valor y a buscar maneras para reversar una tendencia que pudiera terminar alienándolos.

Luego de varios años de discusiones y esfuerzos legales liderados por operadores de telecomunicaciones como Verizon y AT&T, que sienten que los proveedores de contenido OTT están empezando a ejercer una carga económica imposible de llevar, hace unos días, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), decidió manifestarse a favor de la “Neutralidad de la red” y declarar que internet deberá ser entendido y tratado como un servicio público de tal importancia como la luz, la telefonía o el agua potable. Esto no significa que tenga que ser manejado por el Estado, sino que abre el camino para una regulación pública más estricta fundamentada en la idea de que las redes de banda ancha deberán ser rápidas, justas y abiertas. De esta forma, los operadores de acceso deberán tratar todo el tráfico de la red de forma igualitaria. 

El concepto de neutralidad que el gobierno americano apoya al igual que otros gobiernos a nivel mundial, es visto por sus enemigos como una  invasión del gobierno hacia la propiedad privada al volver ilegal la idea de que operadores de banda ancha de bloquear o ralentizar el tráfico de uno u otro proveedor de servicios OTT a su conveniencia y dependiendo de la existencia o no de un acuerdo económico sobre el cobro de un “peaje” proporcional al uso de los recursos compartidos. La postura de la FCC beneficia a los usuarios y garantiza el futuro de las empresas que viven de la venta de sus contenidos al usuario final, al garantizarse una velocidad equitativa para todos. Solo el tiempo nos dirá si este tipo de medidas que pretende defender a unos, logrará su cometido o si, como lo  argumentan sus opositores, hará que los proveedores de internet tanto fija como móvil, reduzcan las inversiones futuras en capacidad y lleguemos a un estado de saturación donde las comunicaciones se hagan tan lentas que los gobiernos tengan que tomar otra vez cartas en el asunto.

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