La semana pasada a los norteamericanos y al mundo en general volvieron a recordarnos que el famoso y nunca bien ponderado “Gran Hermano” existe y no es precisamente un show de “reality” de la televisión: se llama PRISM. Aunque para muchos la existencia de esta plataforma de vigilancia y espionaje gubernamental era un secreto a voces, algunos albergaban la esperanza de que este programa patrocinado por la Agencia Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) no fuera nada más que el personaje de ciencia ficción que hiciera famoso George Orwell en su novela “1984”.
Gracias a Edward Snowden, un ingeniero de 29 años que trabajó para la CIA, así como para varias empresas contratistas de la Agencia de Seguridad Nacional en los últimos cuatro años y hasta hace un par de días para la consultora Booz Allen en Hawaii, ahora el mundo puede conocer un poco más sobre el masivo sistema de espionaje, control y análisis de datos empleado por el gobierno norteamericano para conocer hasta el más secreto detalle de nuestras vidas y transacciones “online” y que complementa el espionaje telefónico que también se viene realizando con la colaboración de algunas de las operadoras de telefonía tanto fija como móvil.
Todas estas labores de “vigilancia” vienen operando al menos desde 2007 y cuentan con el beneplácito y la colaboración de las grandes empresas de Internet como Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, AOL, Skype, YouTube e incluso Apple, entre otras. Al ser cuestionadas, todas estas empresas se han defendido argumentando que solo entregan aquella información que les es solicitada siguiendo los procedimientos que establece la ley y que en ningún momento proveen un acceso libre a sus servidores a estas agencias gubernamentales, como parecieran implicarlo varios documentos filtrados por el señor Snowden. Estas explicaciones aunque convenientes y apropiadas considerando que la mayoría de estas empresas cotizan en bolsa, son poco creíbles considerando el nivel de presión que reciben y el compromiso que tienen con el gobierno norteamericano.
El presidente Barack Obama en directa contradicción con uno de sus más famosos precursores, Benjamin Franklin, quien pregonó en su momento que “aquellos que admiten perder libertades esenciales para obtener un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad, ni seguridad”, ha venido argumentado la legalidad del programa bajo la siempre útil excusa de que la implementación de estos mecanismos de vigilancia ha sido fundamental en la tarea de eliminar amenazas terroristas.
La pregunta que el ciudadano común y corriente debe hacerse es si aunque ahora se afirme que este tipo de medidas solo se aplican en casos excepcionales como los de terrorismo, pedofilia o crimen organizado, ¿qué sucederá cuando con el pasar de los años, este tipo de vigilancia sea aceptado como algo normal y se aplique a cualquier indicio de delito, por leve que sea? En ese momento va a ser muy difícil echar para atrás las regulaciones y mirar en retrospectiva y preguntarnos cuando fue que el sistema legal y la protección de la privacidad empezaron a derrumbarse.
Se vuelve paradójico pensar que al mismo tiempo que los ciudadanos que vivimos bajo gobiernos supuestamente abanderados de la libertad y la protección de los derechos civiles y que se consideran insignes de la transparencia y el respeto al individuo, nos horrorizamos a diario con las acciones de regímenes totalitarios como el de Siria, Irán o China, nuestros dirigentes operan planes de control totalitario que les permiten vigilar completamente cada correo electrónico, cada llamada telefónica, cada intercambio en redes sociales, cada búsqueda, ridiculizando cualquier expectativa de privacidad del individuo.
Es claro que un gobierno debe utilizar todos los medios posibles para proteger a sus ciudadanos, particularmente cuando se enfrenta a terrorismo en múltiples escalas, y su sistema legal debe adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías. Lo que no puede desconocerse es que cualquier medida y legislación debe respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. El reto para la sociedad a corto plazo es encontrar un punto medio, un equilibrio razonable y un uso racional y adecuado de la tecnología como mecanismo de vigilancia y fiscalización, manteniendo una total transparencia en sus métodos y un respeto por los derechos de los ciudadanos sin importar el inminente “peligro” del cual pretenden defendernos.
