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Cuando hablo de represión financiera me refiero a que los gobiernos están induciendo incrementos significativos del crédito bancario que de dejarse en manos del mercado no ocurrirían. Cuando se aplica este tipo de herramientas, las autoridades políticas manipulan en mayor o menor medida al mercado financiero de modo de determinar a quién se les presta, cuánto y a qué tasa.
Por lo general este dinero es canalizado a hogares y empresas específicas, o incluso al mismo gobierno, con el objetivo de incrementar el consumo, la inversión y el empleo. Un ejemplo, que se está usando a ultranza, son los préstamos focalizados con garantías estatales a una tasa predefinida. Colombia no ha estado ajena, desplegando un cierto grado de represión financiera a través de programas como garantías para respaldar créditos empresariales, el decreto que obligó a los bancos a comprar Títulos de Solidaridad, entre otros. Lo anterior se ve reflejado en la velocidad sin precedente con que ha aumentado la cantidad de dinero, que en Colombia ha pasado de 10% a 14%.
En un contexto de exceso de deuda, en especial en los hogares que más consumen, las empresas que más empleo generan y los gobiernos, la represión financiera es vista como una forma de alivio, entregando crédito que de otra manera no se conseguiría a tasas artificialmente bajas. Esta política puede ser efectiva para incentivar el consumo y la inversión, así como el gasto de gobierno.
El riesgo es que, como ha ocurrido en episodios anteriores, la represión financiera tiende a prolongarse más allá de lo saludable generando exceso de inflación y distorsiones en la correcta asignación del capital, con efectos nocivos en el crecimiento de mediano plazo. A ellos se suma que el problema es que los incentivos políticos de corto plazo llevan a perpetuar y profundizar la vía de la represión financiera: nada más popular que crear dinero para entregárselo a quienes más lo necesitan, con evidentes réditos de corto plazo.
En el caso de Colombia, en que la deuda pública y la deuda externa se han elevado sustancialmente en los últimos años, los riesgos son enormes. De acuerdo con nuestros cálculos, es muy difícil que la deuda del gobierno no siga con la tendencia al alza como porcentaje del tamaño de la economía en los próximos años. Nuestro escenario base es que en 2025 superará 75% del PIB, aunque gracias a las tasas bajas el porcentaje de los ingresos del gobierno que van a pagar intereses aumentaría ligeramente.
Los cálculos del Gobierno son mucho más auspiciosos, incluso auguran una caída en la deuda a PIB, pero con supuestos muy optimistas, especialmente en el contexto descrito de represión financiera a nivel global. Si a esto sumamos una creciente volatilidad de las monedas a nivel global, el peso colombiano arriesga sufrir una depreciación significativa y posiblemente repentina en un futuro cercano, junto con un incremento de las tasas de interés de mediano y largo plazo y caídas en los precios de otros activos (al menos medidos en dólares. De suceder, el Banrep se vería en la disyuntiva entre contener la depreciación subiendo las tasas o mantener el crédito a bajo costo. Posiblemente la respuesta del gobierno de turno termine siendo incrementar la represión financiera para mantener las tasas bajas y el crédito fluyendo.
