Urge revisar el sistema pensional

En Colombia conviven el régimen de prima media con solidaridad, antes a cargo del ISS y hoy de Colpensiones, con subsidio público, y el de ahorro individual. El primero es insostenible desde la perspectiva financiera, pero aún más grave es lo injusto del asunto: casi tres cuartas partes del subsidio llega al 40% de las personas con mayores ingresos, y más de la mitad a 20% con mayores ingresos. Esta realidad es uno de los elementos que hacen inocua la tarea del Estado en materia de redistribución del ingreso en Colombia.

Este sistema se estructuró a mediados de los años 70, cuando la expectativa de vida era 70 años, contra cerca de 75 hoy, y la proporción de personas cobijadas por la seguridad social era muy baja. En ese momento la edad de jubilación se subió de 55 a 60 años para los hombres y de 50 a 55 para las mujeres. No parecía preocupante que el Estado asumiera un tercio de los recursos necesarios para el pago de pensiones. Aún hoy las cuentas oficiales se hacen sobre las operaciones de caja de cada año, por lo cual no incorporan la perspectiva de aumento por la necesidad de atender necesidades básicas de personas en la economía informal, hoy casi la mitad de la población activa, y por el aumento en la vida humana sin que haya extensión de la vida productiva.

Colpensiones atiende hoy a nueve de cada diez pensionados y solo a un séptimo de los trabajadores activos, pero abundan sentencias judiciales que ordenan el paso de personas del sistema de ahorro individual, auto sostenible por definición, al sistema público subsidiado, con las complejas implicaciones fiscales que de ahí se derivan.

La inconsistencia entre las reglas para pensionarse bajo el régimen de prima media y la expectativa de vida creciente debe abordarse.

La solución no es suprimir a Colpensiones, cuya gestión debe permitir al Estado la atención necesidades básicas de ancianos improductivos de estratos bajos, y cuya administración logró, bajo Mauricio Olivera, lo que parecía imposible: reconocer las pensiones con cifras correctas y en forma oportuna. Lo inaceptable es la convivencia de regímenes. No tiene sentido que haya subsidios pensionales distintos de la atención a los sectores más vulnerables: la pensión debe reflejar el rédito real de ahorros construidos durante la vida productiva.

El sistema pensional enfrenta un problema de enorme magnitud: la edad de jubilación, 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, es muy baja. Además, la expectativa de vida de las mujeres es seis años mayor que la de los hombres.

Por ende, no tiene sentido que ellas se jubilen con menor edad que ellos. Es cierto que las mujeres suelen tener más tareas domésticas que los hombres, pero la solución a esta injusticia no es tener distintas reglas pensionales sino educar a los colombianos para reducir el machismo. La propuesta reciente de Anif parece razonable: la edad debe ser del orden de 67 años. Por encima de esta edad la capacidad de trabajo, en general, se reduce por envejecimiento.

Cambiar el régimen pensional no es la única tarea para poner orden en las perspectivas de vida laboral: también hay que crecer el ingreso para tener mucho más empleo formal, enfrentar los retos de la automatización y la cibernética, y capacitar a toda la población en forma permanente para preservar su idoneidad laboral en un mundo con tecnologías cambiantes. Sin embargo, la ética obliga a abordar el asunto con prioridad.