La corrupción

La corrupción es rampante. Se ha aducido que es preciso reformar la justicia para combatirla, pero ello no sería suficiente: hay que atacar sus causas. Como el asunto es prioritario a juicio de los colombianos, los aspirantes al solio de Bolívar en 2026 deben precisar cómo proponen combatirla.

Un posible factor es el ordenamiento territorial. A pesar de que la Constitución prevé su creación, no hay regiones, instancia que podría ayudar a mitigar corrupción y reducir desperdicio. Es posible que los municipios pobres, sin burocracia independiente del administrador de turno, sean los más corruptos, pero no sería fácil comprobarlo, y el número de municipios certificados por el gobierno para transferirles en forma directa lo que les corresponde de ingresos corrientes de la Nación ya suma tres cuartas partes del total.

No hay partidos verdaderos partidos. La financiación de las campañas, como sostuvo R. Dworkin, es asunto central de la democracia en esta época. El sistema existente invita a cada aspirante a movilizar recursos para su campaña a título personal, con la expectativa de reembolso, y no evita contratos, tácitos o explícitos, entre aspirante y patrocinador. Además, se reconocen movimientos políticos con 50.000 firmas para presentar candidatos.

Hoy, hay más de 30 partidos y movimientos registrados. No hay formulación programática coherente de cada partido y movimiento, ni articulación seria entre lo nacional, lo regional y lo local. Las campañas son ejercicios de marketing, cuyo contenido no sigue ordenamiento para facilitar la comparación, y se compran votos.

La administración obtiene el respaldo de los congresistas mediante contraprestación con cargo al presupuesto nacional o a entidades descentralizadas. Así las cosas, el legislador en la práctica se subordina a la administración y no hay la efectiva separación de poderes que se predica del régimen presidencial practicado en EE.UU. y en Latinoamérica.

El Estado colombiano no tiene control interno atado al registro de transacciones para asegurar que ellas cumplan con los objetivos y las restricciones establecidos. El control interno sería responsabilidad de la administración por definición, y elemento central de la lucha contra la corrupción. El registro y la verificación de que las transacciones son procedentes deben vincularse con la planificación, el sistema de información, el seguimiento a los proyectos, y la revisión del flujo de caja. El desempeño se debe tener en cuenta para aprobar nuevas inversiones y contratar personal adicional. Por la dimensión y responsabilidad del gobierno central, la planificación y el control deberían ser independientes de la tributación y la tesorería. Deben reproducirse en las Unidades Estratégicas descentralizadas, como partícipes del equipo primario de cada Unidad, pero bajo pautas del gobierno central. Además, conviene establecer auditoría interna, independiente del área de planificación y control, con foco en verificar la eficacia del control, y auditoría externa, subordinada al legislador, como instancia complementaria, con foco en la veracidad de la información.

Hay mucho espacio para instaurar procesos y organización adecuados. Se requieren soluciones efectivas para impulsar en la práctica los valores de la Carta - respeto y solidaridad - y combatir la corrupción. Los aspirantes deben precisar sus propuestas en pro de mejores instituciones.