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Las estrategias se diseñan para abordar objetivos concretos. El mayor problema es identificar propósitos, enunciarlos y establecer la combinación óptima de valores para un conjunto de intenciones. Este asunto cobra enorme importancia en la vida pública: definir reglas o normas, evaluar su cumplimiento y administrar los recursos disponibles con sujeción a ellas son tareas complejas. Maximizar bienestar o felicidad exige ponderar diversas variables. Las circunstancias cambian, y con ellas las prioridades. Es importante concertar propósitos de manera periódica antes de discutir medios y restricciones.
Es necesario siempre revisar prelaciones: el país se ha afectado mucho por las restricciones para abordar la epidemia global del covid, con consecuencias sociales muy graves que se deben atender en forma prioritaria, así muchas personas le asignen mucho valor en sus apreciaciones al incumplimiento por J.
M. Santos del compromiso con el resultado del plebiscito sobre los acuerdos de La Habana. El impacto de las normas restrictivas fue muy marcado en la población de más bajos ingresos. Además se redujo la proporción de la clase media como total de la población según las definiciones técnicas del concepto, que para Colombia significa ingresos del orden de $4 millones mensuales para grupo familiar de cuatro personas. La plena recuperación de la economía en 2021 aún es incierta y la desigualdad al final del año probablemente será mayor que en febrero de 2020, cuando se conoció la dimensión del problema sanitario. Atender con eficacia los problemas simultáneos de bajo ingreso, mala distribución y elevada informalidad requiere tasas de crecimiento mucho mayores que la de 2019, de 3,5%, anual, y la pronosticada para 2022, ligeramente mayor, para aumentar el valor relativo del trabajo.
Preocupa el escaso interés de los aspirantes al trono criollo en las estimaciones de Fedesarrollo sobre cómo lograr crecimiento rápido de manera sostenida. La primera variable a examinar es la calidad de las instituciones públicas, que impulsaría en más de un punto el crecimiento si los procesos públicos de Colombia alcanzaran la calificación de Chile y Ecuador en la valoración del PRS. Como el Estado colombiano es ineficaz para monopolizar la fuerza, legislar, juzgar y administrar, la articulación entre centro y periferia es inadecuada y los referentes no son países escandinavos sino sudamericanos, la mejora bien pensada en el diseño de lo público arrojaría diferencias entre lo actual y lo que se lograría si el Estado se organizara bien muy por encima de las estimadas.
También contribuiría el impulso a la competencia, para lo cual sería preciso abrir la economía, hoy protegida por toda clase de mecanismos no arancelarios, y facilitar la participación en la actividad financiera, con menos barreras y supervisión activa para evitar prácticas indebidas. Convendría montar un marco normativo sencillo en materia fiscal, en vez del extenso estatuto existente, con altísimas tasas de referencia para sociedades y privilegios para muchos subsectores y personas naturales. Sería procedente desvincular servicio de salud y trabajo para reducir la informalidad laboral, aumentar la inversión en infraestructura, repensar la educación pública básica y media, y apostar en serio en ciencia y tecnología. Los recursos para todo lo propuesto resultarían de crecer rápido. Es mejor crecer a 8% que a 4%.
