El mal diseño del Estado

El mal diseño del Estado frente a los retos que enfrenta lo público es problema mundial, pero en Latinoamérica lo inadecuado de lo público es el mayor freno para el crecimiento económico y la mejor distribución del ingreso: los malos usos de recursos escasos causan deficiente educación, infraestructura y orden social. En Colombia el asunto es catastrófico: los procesos para formación y operación del legislador, la justicia, la administración, y los mecanismos para asegurar que las actuaciones de las instituciones públicas atiendan sus propósitos son muy deficientes: promueven la corrupción y el despilfarro; creer que un gabinete probo resuelve los problemas es ingenuo. No se hacen los diagramas de flujo para ilustrar de manera ordenada los procesos, y así detectar los defectos de diseño para corregirlos.

El asunto tiene raíces históricas. La primera democracia liberal se forjó en Estados Unidos en 1787, producto de negociaciones entre partidarios de una unión flexible entre estados independientes y partidarios de un sistema federal con carácter coercitivo; se convino régimen presidencial no vitalicio y esclavitud en los estados del sur. La invasión francesa a la península ibérica creó oportunidad de aumentar la autonomía de las colonias españolas, y las iniciativas finalmente resultaron en la independencia de países precarios con régimen presidencial y bicameral. En el caso de la Gran Colombia, que incluía a Venezuela y Ecuador, la débil articulación entre las regiones desembocó en la separación de 1830, y en sucesión de guerras civiles en Colombia en el siglo 19. El ordenamiento conservador bajo el principio de centralización política y descentralización administrativa, establecido por la llamada Regeneración de 1886, sufrió serias modificaciones desde entonces, quizá la más importante en 1936, en la cual el Estado hizo el tránsito a liberal en sus criterios de diseño. En 1968 se le impartió sabor tecnocrático y en 1986 se estableció la elección popular de alcaldes.

En 1991 se improvisó una nueva Constitución, impulsada por el deseo de los narcotraficantes de suprimir la extradición, pero los procesos públicos básicos quedaron muy mal ordenados. Se han sucedido múltiples modificaciones de manera irresponsable, y las altas cortes evidencian mal diseño y desmesura. El Congreso ha evidenciado cómo un gobierno impúdico compra la aprobación de sus iniciativas, y la disfuncionalidad ha demostrado que el régimen presidencial, fundado en sofismas de separación de poderes, es inconveniente para estas épocas complejas.

Sería fácil y barato cambiar las cosas: se debería contratar un equipo multidisciplinario de expertos en diseño institucional, de diversas partes del mundo desarrollado, para estudiar la Constitución en forma ordenada, articulo por artículo, frente a criterios básicos de diseño: legislador responsable, partidos efectivos como vehículo único de financiación de campañas, justicia independiente y efectiva, cúpula administrativa pluripersonal, autonomía regional, respeto por los derechos individuales y monopolio efectivo del poder coercitivo por el Estado. Las empresas y fundaciones podrían financiar el proceso, que desembocaría en un esfuerzo comunicativo y pedagógico, cuyos resultados se incorporarían a la propuesta, que se sometería a referendo como un todo. Así, sin gran esfuerzo, se salvaría la Patria.