Ley de financiamiento y nuevo pacto fiscal

El proyecto de Ley de Financiamiento, que busca fuentes adicionales de ingresos nacionales para 2026 por $16,3 billones (0,8% del PIB), constituye otro paso para avanzar en un Pacto Fiscal en el que concurran ciudadanía y gobierno para alcanzar un doble objetivo. Primero, honrar el principio constitucional de progresividad en la tributación como instrumento decisivo en la lucha contra la desigualdad. Así como también, honrar otro principio constitucional que es la sostenibilidad fiscal, recuperar el equilibrio de las finanzas públicas a mediano plazo, de acuerdo con el compromiso de retomar la regla fiscal que hizo el gobierno, cuando activó la cláusula de escape en junio pasado.

Hasta el momento, las tres medidas que más recaudo producirían son: impuesto al consumo sobre bebidas alcohólicas y tabaco ($3 billones); ii) impuesto a los patrimonios superiores a $2.600millones, aunque el cambio sustancial es a partir de $6.200 millones (2,2 billones); y iii) impuesto a personas jurídicas con las mayores tasas a las instituciones financieras y al carbón (1,3 billones).

Pero, aún existe la posibilidad de debatir en el Congreso de la República sobre escenarios sustitutivos para algunas medidas. Por ejemplo, se podría revisar la exclusión total del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, particularmente para la cerveza; y quizá la eliminación del impuesto al carbono en los $100 pesos que impactan el precio de la gasolina.

Tal vez lo que más le preocupa a quienes se oponen a la Ley de Financiamiento es el incremento en la tributación para el sistema financiero. Al respecto es necesario decir que en este sector se tributa con tasas efectivas de al rededor de 17%, mientras que los sectores de comunicaciones, industria y agricultura lo hacen a 28%, 27% y 26%, respectivamente. Pero, además sus utilidades han crecido extraordinariamente. A septiembre registraron $111,4 billones mientras que para el mismo periodo de 2024 obtuvieron $95,2 billones.

Quizás también les preocupa que se graven patrimonios altos, especialmente, aquellos que superan los $6.000 millones, o peor, los superiores a $148.000 millones. Preguntémonos: ¿Cuántos colombianos trabajadores, gente de clase media o medianos y pequeños empresarios tienen este nivel de patrimonio? ¿Acaso no es justo que personas con tal riqueza contribuyan mucho más al financiamiento de los bienes y servicios sociales?

El artículo 363 de la Constitución Política dice que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, entendido este último como la distribución de la carga tributaria de forma que, quienes tienen mayor capacidad de pago deben soportar una mayor proporción de los gravámenes. Por ello, es importante avanzar en tal sentido, porque reduce la desigualdad y genera recursos para financiar la política social y los servicios públicos esenciales.

Aquellos que se oponen a que los de mayor capacidad económica tributen más, parecen ser los mismos que se opusieron a la reforma pensional que busca que los más viejos y sin pensión tengan un ingreso de $230.000. Así es que se alimenta la desigualdad en Colombia: privilegiando y excluyendo.

Los opositores a la Ley de Financiamiento parecen preocupados por los impuestos saludables, al tabaco y a los licores. Pero no han presentado una sola argumentación seria que demuestre que dicho proyecto afectaría a los sectores de menores ingresos.

En consecuencia, este proyecto propone un nuevo pacto fiscal para la sociedad colombiana, propone medidas progresivas en tributación y busca reducir la desigualdad para salir del vergonzoso lugar de ser uno de los más desiguales del mundo. El proyecto de ley de financiamiento es una propuesta de equidad y empatía social.

Es importante mencionar que el Presupuesto General de la Nación PGN, fue aprobado en Senado por 49 de 75 votos registrados; mientras que en Cámara fueron 73 de 97. Ambas cámaras aprobaron el presupuesto conociendo la necesidad de tramitar la respectiva ley de financiamiento por $16,3 billones con el objetivo de poner en equilibrio ingresos y gastos. Sin embargo, un reducido grupo de senadores en comisiones económicas se opone a discutir y aprobar dicha ley de financiamiento y lo hacen sin escuchar razones, sin analizar los cambios que ha tenido la proyecto, incluso, sin percatarse de la posibilidad que eliminar algunos tributos con los que ellos mismos han manifestado inconformidad. Esta resistencia no resulta sensata, ni responsable con el país.

Permítanme hacer un llamado porque la razón y la empatía prime en los debates, para que no vayamos a sacrificar recursos necesarios para los programas sociales que las colombianas y los colombianos más necesitados, demandan.