Corrupción contemporánea

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La corrupción no ha aumentado porque la humanidad se haya vuelto más mala. El aumento del tamaño del Estado, que carece de dueño por ser de todos, ha aumentado; sus procesos y estructura se han vuelto más complejos, y requiere más servidores, muchos de los cuales tienen objetivos distintos del propósito de la respectiva institución pública.

Los procesos de la institucionalidad pública, en general, no corresponden a un diseño apropiado para el mundo actual: no son eficientes, no son transparentes, y son vulnerables a la influencia de personas con ambición sin límite, a costa del interés general. Las evidentes deficiencias producen resultados contrarios a los propósitos. El problema es mundial, pero hay casos más graves que otros. El de Colombia es llamativo: el diseño de sus procesos públicos nació en 1886 con un sistema conservador, que se transformó en liberal en 1936, asumió sesgo tecnocrático en 1968, y se desarticuló en 1991, cuando se proclamó una nueva Constitución, centralista para asignar recursos y desordenada en extremo.

El documento final resultó magnífico en propósitos y pésimo en procesos y estructura. La manera de escoger el legislador, sin partidos efectivos y con el peso de financiar campaña en cabeza de cada aspirante, resultó en bajísima probabilidad de establecer un cuerpo siquiera decoroso para la más importante tarea, como es hacer las leyes. La formación de las altas cortes también tiene escasa opción de acertar, y la rama jurisdiccional tiene gravísimas deficiencias en su operación en general.

No hay verdaderos partidos políticos, pero en cambio campea la hipocresía, manifiesta en la prohibición a los funcionarios de intervenir en política y la suspensión de la contratación durante la fase previa a las elecciones. Los políticos profesionales en general no asumen responsabilidad por la administración, pero esperan retribución por su respaldo al gobierno vía contratos o puestos públicos. Como toda Iberoamérica, Colombia mantiene el absurdo régimen presidencial, aprendido de EE.UU., que concentra mucha responsabilidad y autoridad en una sola persona.

La Constitución de 1991 se elaboró en una Asamblea impulsada por una votación discutible, auspiciada por fuerzas oscuras cuyo propósito era la supresión de la extradición; con el paso del tiempo quedó en evidencia que es menos mala la perspectiva de cárcel en EE.UU. y la extradición se restauró. La influencia nefasta del narcotráfico en la sociedad y en las instituciones públicas del país ha sido evidente en las últimas cuatro décadas, con incidencia directa en la corrupción, el ejercicio de la ley del más fuerte, la estética individualista y la fractura del territorio. El narcotráfico introdujo desmesura hasta en la afición a los animales.

Además, impulsó la catastrófica toma del Palacio de Justicia en 1985 y otros actos terroristas impensables. Encontró terreno fértil en Colombia, donde no hay ejercicio del monopolio del poder coercitivo del Estado ni siquiera en las ciudades, y mucho menos en territorios hostiles a la vida humana. Es preciso abordar el asunto a fondo. Esta columna propone contratar un equipo de académicos norteamericanos de centro derecha para que estudien el costo y el beneficio de la prohibición al consumo de cocaína en EE.UU., México, Centroamérica y Colombia en comparación con otras estrategias. El gobierno tiene la palabra.

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