martes, 7 de abril de 2020

Más columnas de este autor Guillermo Trujillo Estrada

Volvemos a vivir una crisis económica, seguramente peor que la de 1999 durante el gobierno de Pastrana, y que hasta la fecha fue la más dura recesión; pero lo importante es no repetir los errores del pasado.

Recordemos que, en aquel entonces, el Banco de la República llevó la tasa de interés hasta 50 %, para defender el dólar frente a la expectativa electoral. Las empresas y las familias transfirieron a la banca cerca de 10% del ingreso nacional, en intereses adicionales, calculados sobre una deuda que se acercaba a 50 % del PIB, al asumir un costo del crédito de 20 % extra.

En junio del 1998 los deudores ya estaban en crisis y el nuevo Gobierno anunció que los créditos de vivienda tendrían solución, -lo que indujo al no pago- y al fin de año estábamos con la crisis del Upac, y en emergencia económica.

La solución de la Superintendencia Bancaria de aquella época fue ordenar la estricta calificación de los clientes, provisión sobre las reestructuraciones y cierre de nuevos créditos, lo que llevó a una profunda crisis al sector productivo y a la sociedad en general; decretaron el gravamen al movimiento financiero para capitalizar la banca a través de Fogafin, crearon la Central de Inversiones, Cisa, para comprar al sector financiero los bienes recibidos en pago, -que se vieron obligados a entregar los deudores- ante la imposibilidad de obtener refinanciación.

Transcurridos veinte años, Cisa tiene activos para vender, muchos deudores apenas recuperan su calificación crediticia a pesar de ayudas del Congreso y, las leyes 550 y 1116, se convirtieron en los instrumentos de defensa de los deudores cuando la banca no puede ayudar.

El balance final: liquidaron muchos bancos, la banca se concentró, se disminuyó la competencia que beneficiaba a los clientes, y se cerraron muchas empresas viables y, otras, fueron absorbidas por sus competidores. Finalmente, menos sociedades en todas las áreas, todo más caro, mayores utilidades y compañías más sólidas. Todos pagamos lo que hoy es el 4X1.000, como gravamen permanente, con el fin de salvar el ahorro.

Me he tomado la licencia de hacer este recuento para pedir que no volvamos a repetir ese desastre. Lo único que no puede hacer la banca, en términos actuales, es “pararse en la manguera del oxígeno de sus clientes”, para lo que es indispensable la comprensión y colaboración de la Superintendencia.

La decisión de unos bancos de prórrogas automática es lo correcto, cuando los clientes deben usar la caja para lo más apremiante y no para atender los pasivos. Debería ser una norma para todos los bancos, -dado que no es el momento para hacer trámites individuales- y la banca no tiene como responder a la avalancha de solicitudes. Además, si el problema afecta por igual a todos los clientes, no parece razonable dar soluciones individuales.

La clave para no repetir la historia, además de la colaboración de la Superintendencia, -que hasta ahora ha sido ejemplar-, requiere del Banco de la República comprometiendo liquidez a la banca para que esta pueda renunciar temporalmente al recaudo, y al mismo tiempo atender los depósitos y la cuenta corriente, garantizando el sistema de pagos, que “es a la economía como la sangre es al hombre”.