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El anuncio de inversión de $4,5 billones en infraestructura por parte de los fondos de pensiones hace llamar la atención sobre el hecho de que sus administradoras sean propiedad de bancos.
Cada vez que se habla de los fondos privados de pensiones en Colombia se dice que se copió el modelo de Chile (creado durante la dictadura de Pinochet), hecho que debiera preocupar porque allá este hizo crisis y analistas aseguran que fue uno de los detonantes del estallido social.
Lo de la copia del modelo es cierto (ojalá no su desenlace), pero con una diferencia a la que nos hemos acostumbrado como algo normal en Colombia, sin que tal vez lo sea, lo que entraña grandes riesgos: casi todas las administradoras de los fondos de pensiones son propiedad de bancos.
Porvenir es del Grupo Aval, del banquero Luis Carlos Sarmiento, y Protección, de Bancolombia (Desde 2019 Colfondos es propiedad del Grupo Hábitat de Chile, que compró el 51 % de las acciones que estaban en manos del grupo canadiense Scotiabank y el 49% en manos de Mercantil Colpatria).
Esto entraña riesgos, al menos lo hay ético, aunque expertos economistas mencionan otro que se llama técnicamente ‘riesgo moral’, y que hace referencia a “la situación que surge cuando un individuo tiene la oportunidad de aprovechar una situación o trato financiero, sabiendo que todos los riesgos y consecuencias recaerán sobre otra parte. Significa que una parte está abierta a la opción, y por lo tanto a la tentación, de aprovecharse de la otra parte”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), de la que tanto presumimos de estar afiliados y que algunos la identifican como un “club de buenas prácticas”, en alguna oportunidad manifestó su preocupación por esta propiedad de los bancos, porque eso no luce a muy buena práctica.
Los riesgos se hicieron patentes en forma extrema en días pasados luego de que el presidente Iván Duque dijera que los fondos de pensiones iban a hacer una inversión de $4,5 billones en infraestructura, un anunció y decisión que fueron calificados de políticos por algunos críticos.
Asofondos, el ente que aglutina a las Administradoras de los Fondos de Pensiones y de Cesantías, y Santiago Montenegro, su presidente, defendió la decisión asegurando que es una práctica mundial y que la ley lo permite en Colombia (desde el gobierno de Juan Manuel Santos).
Agregaron, además, que “las inversiones en proyectos de infraestructura han generado cerca de 110.000 empleos y 70 % de la mano de obra ha sido local en las regiones donde se desarrollaron. Además del beneficio directo de las obras, las inversiones entregan recursos que jalonan a las pequeñas y medianas empresas”.
El argumento de los empleos generados, esgrimido por Montenegro y otros representantes de Asofondos, en estricto rigor, es irrelevante, pues, así suene feo e insensible, el criterio que debe guiar las decisiones de las administradoras de los fondos privados de pensiones es el de la rentabilidad y la ganancia para sus propietarios (los afiliados, los trabajadores), no el de la función social del ahorro. Por ese camino cualquiera terminaría justificando la intención del candidato Gustavo Petro de usar los ahorros de los trabajadores en los fondos privados para adjudicar subsidios a los que no tiene pensión, con el argumento que son recursos públicos.
Pero ni Montenegro ni los otros respondieron a la crítica principal: ‘el riesgo moral’, que describe coloquialmente el economista Aurelio Suárez, analista de Blu Radio, como tomar la plata e invertirla de ‘yo con yo’.
“En Colombia hay 31 carreteras sobre las que se podría invertir esa plata. De ellas, el Grupo Aval está manejando cuatro; y el grupo empresarial antioqueño, dos, a través de Odinsa. ¿En qué carreteras se van a invertir esos $4,5 billones? Esto es demasiado: unos fondos (de pensiones) que dependen de unos bancos, que tienen las carreteras y la plata de los fondos (de pensiones) se van para las carreteras que tienen los bancos. Eso no tiene ninguna presentación”, dice Suárez.
O sea, la administradora del fondo de pensiones es propiedad de un banco, que a su vez es propietario de la firma que construye la carretera. Se pregunta el ahorrador: ¿será que esos hechos tienen alguna incidencia en qué se invierten los ahorros de los fondos de pensión?
De cualquier forma, en aras del equilibrio, hay que decir que la rentabilidad de esta inversión en infraestructura (carreteras) es de 8%, luego de descontar la inflación, lo que aparentemente es bueno.
Otra forma de “yo con yo” se presenta cuando la aseguradora contratada para garantizar la renta vitalicia del pensionado pertenece al banco que, a su vez, es dueño de la administradora del fondo de pensiones.
**Corrección: la versión inicial de este articulo equivocadamente decía que Colfondos era propiedad de Scotiabank y Mercantil Colpatria.
