Sin empleo no hay derechos laborales

La mejor política social es el empleo. Esta frase debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre derechos laborales. Porque, aunque suene obvio, conviene recordarlo: sin empleo, no hay derechos laborales posibles. Y una reforma -o una consulta popular- que termina afectando la base que hace posible esos derechos, es profundamente inconveniente. Por no decir irresponsable.

El Gobierno ha insistido en que su propuesta laboral busca “dignificar” el trabajo. Y en abstracto, todos estaríamos de acuerdo: el trabajo debe ser estable, bien remunerado y respetuoso de la persona. Pero lo que se discute no es el propósito, sino el camino. Y el camino que propone el presidente Petro a través de esta consulta popular no solo está lleno de buenas intenciones, sino también de costos ocultos, efectos secundarios severos y consecuencias que podrían destruir justamente aquello que quiere proteger.

No lo dice la oposición. Lo dicen los datos.

Según el Banco de la República, el costo laboral promedio aumentaría entre 3,2% y 10,7%. Deloitte lo eleva a 8% en promedio. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, Crowe Co. estima un incremento entre 17% y 34%, según el tipo de sector y la cantidad de trabajadores con contratos por turnos dominicales, nocturnos o festivos.

El caso de la seguridad privada es ilustrativo: allí los costos operativos subirían 23%, en un sector que ya opera con márgenes estrechos. En salud, las asociaciones hospitalarias han advertido que el aumento de cargas sin mayor financiación puede acelerar la quiebra técnica de hospitales públicos. Y en comercio y manufactura -sectores con altísimo impacto en el empleo urbano y femenino- los recargos, la eliminación de contratos flexibles y la rigidez en horarios pueden destruir miles de empleos formales.

Fedesarrollo ha advertido que esta reforma podría provocar la pérdida de hasta 450.000 empleos formales. En un país con una informalidad laboral de 57,7%, esto no es una exageración: es una bomba de tiempo.

Y lo que está en riesgo no es solo el empleo. También la sostenibilidad fiscal. Si las empresas venden menos, pagan menos impuesto de renta a la Nación y menos ICA a los municipios. Las cargas sociales excesivas que pretenden financiar más derechos pueden terminar debilitando el aparato productivo que los sostiene.

Una economía no puede ser socialmente justa si no es primero productiva. La consulta suena popular, pero puede ser letal. Nos quieren vender derechos laborales sin empleadores. Pero eso es como prometer salud sin hospitales. Educación sin maestros. Libertad sin democracia.

Reformar el trabajo en Colombia es urgente. Pero hacerlo bien implica concertación, gradualidad, incentivos y adaptabilidad. Implica mirar no solo cuánto gana el trabajador, sino cómo se crea y se sostiene su puesto de trabajo. Defender al trabajador no es regalarle más beneficios en el papel, sino garantizarle un empleo real y digno en el mundo de hoy.

Ojalá la discusión nacional que viene tenga esta claridad de fondo. Porque el debate no es entre “derechos” o “capital”, como quiere venderlo el relato oficial. El verdadero debate es entre populismo laboral y empleo sostenible.

Y si de verdad queremos dignificar el trabajo, empecemos por no ponerlo en riesgo.