País en vilo

El camino del 2026 no será fácil. Petro aprovechó los últimos días del año para impulsar reformas y plantear debates que generaron incertidumbre en múltiples sectores.

En primer lugar, decretó un estado de emergencia económica para recaudar 16 billones de pesos. Según su visión, el país está en riesgo económico por la no aprobación, por parte del Congreso de la República, de la reforma tributaria. Lo paradójico es que, al mismo tiempo, se vanagloria de unos índices económicos supuestamente positivos que se derivan de informes cuestionables del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que muchos incautos todavía siguen creyendo a pie juntillas. Estos informes parecen tener la misma credibilidad que los reportes de incautaciones de cocaína que presenta el propio gobierno y que no cuentan con auditoría ni verificación independiente.

Lo de Petro es la reacción inmediata y emocional. Tal como ocurrió cuando el Congreso no aprobó la reforma laboral, procedió a expedir decretos de emergencia económica y a amenazar al país. En ese caso, incluso se la jugó con una propuesta de consulta popular, exigiéndole de forma inconstitucional al Registrador Nacional del Estado Civil convocarla. Gracias al Consejo de Estado, todo eso quedó en nada.

Un segundo aspecto tiene que ver con el aumento del 23,7 % del salario mínimo. Esta decisión populista no tuvo en cuenta ni el 5,30 % del índice de precios al consumidor (IPC), ni la meta de inflación del Banco de la República del 3 %, ni el 0,8 % del nivel de productividad del país, ni el 2,6 % de crecimiento proyectado para la economía colombiana en 2025. Petro simplemente consideró que aumentar el salario mínimo en 23,7 % “arreglaba” el ingreso de millones de colombianos. El efecto, sin embargo, puede ser profundamente negativo: aumentará el desempleo, se desincentivará la creación de empleo formal, se perderá competitividad en las PYMES, crecerá la inflación y subirán las tasas de interés, generando una contracción de la demanda. Experiencias comparables en América Latina han mostrado que incrementos muy por encima de la productividad tienden a trasladarse a precios y a empujar parte del empleo hacia la informalidad (como lo han advertido informes de la CEPAL y de la OCDE en evaluaciones recientes sobre la región).

A todo esto se agregan los aumentos en los productos básicos de la canasta familiar, la gasolina, la seguridad social y los costos de administración de la propiedad horizontal. Y, al mismo tiempo, los incrementos salariales para los trabajadores formalizados que no ganan el mínimo estarán, seguramente, entre el 6 % y el 7 %. En síntesis: casi todo subirá 23,7 %, mientras que el salario de quienes ganan por encima del mínimo quedará por debajo de ese ajuste.

En el campo de la contratación pública y las vigencias futuras, los contratistas ajustarán sus nóminas con el 23,7 % para los trabajadores que devengan el salario mínimo, presentando sus cuentas de cobro con ese valor, pero la administración seguramente no las pagará porque se salen del presupuesto acordado. El efecto es perverso: demandas contra el Estado por afectación del equilibrio económico del contrato. No es un escenario hipotético: en otros momentos de la economía colombiana, cuando el salario mínimo creció por encima de la inflación y del PIB, los litigios contractuales aumentaron y se generaron presiones fiscales adicionales.

Además de lo anterior, diciembre fue un mes plagado de violencia urbana y rural; de anuncios sobre un comité promotor de una Constituyente; y de ministros del gobierno Petro presos por presunta corrupción en el caso de la UNGRD. Para rematar, una estocada contra los estudiantes de posgrado en Colombia: se elimina el aporte del Gobierno a Colfuturo, que en veinte años benefició a más de 17.000 estudiantes colombianos. Mal cierre de año para el país.

A mis lectores les deseo un feliz año 2026.