Impuestos “saludables”: la ilusión de la solución fácil

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Desde hace años se presenta a los impuestos sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados como una de las intervenciones más efectivas y “costo-efectivas” contra la obesidad y las enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud los recomienda con entusiasmo. En Colombia los adoptamos con la reforma tributaria de 2022. Sin embargo, después de revisar la evidencia disponible y observar los primeros resultados locales, conviene hacer una pausa y preguntarnos con honestidad: ¿realmente estamos resolviendo el problema o solo estamos recaudando y sintiendo que hicimos algo?

Las meta-análisis más sólidas -entre ellas la de Andreyeva y colegas publicada en 2022 en JAMA Network Open- confirman que estos impuestos sí aumentan el precio de los productos gravados (con un traspaso cercano al 80 %) y reducen sus ventas entre un 10% y un 15%. Eso es real. También es cierto que, cuando el impuesto es escalonado, como ocurrió en el Reino Unido, la industria reformula y baja el contenido de azúcar. Hasta ahí llegan los logros más robustos y documentados.

Lo que no logran de manera consistente es cambiar de forma significativa el patrón dietario completo, ni producir reducciones claras y sostenidas en el índice de masa corporal o en la prevalencia de diabetes a nivel poblacional en el corto y mediano plazo. Muchos estudios de “éxito” miden ventas en supermercados, no el consumo real de las personas. La sustitución hacia otros productos ultraprocesados, jugos o snacks no gravados es frecuente. El efecto neto sobre la salud pública termina siendo mucho más modesto de lo que prometen los modelos de simulación.

En Colombia ya tenemos datos preliminares. Ha bajado ligeramente el consumo diario reportado de bebidas azucaradas, especialmente entre jóvenes y en los quintiles de menores ingresos. El recaudo es importante: cerca de $2,9 billones en 2024. Pero también hay reportes de afectación a tiendas de barrio y pequeños comercios. El impuesto golpea primero el bolsillo de quien menos margen tiene y genera distorsiones en el tejido comercial tradicional. Llamar a eso “progresivo” porque eventualmente podría mejorar la salud de los más pobres es un argumento que, en el corto plazo, suena más a justificación que a evidencia.

El problema de fondo es de diagnóstico. La obesidad y las enfermedades crónicas no se resuelven principalmente con un impuesto. Son el resultado de un entorno obesogénico, de falta de tiempo para cocinar, de marketing agresivo dirigido a niños, de pérdida de habilidades culinarias, de urbanismo que desalienta el movimiento y de profundas desigualdades de acceso a alimentos frescos. Un impuesto trata un síntoma de precio. No construye cultura alimentaria.

La evidencia sobre precios es, además, asimétrica. Bajar el precio de lo saludable mueve más la aguja que subir el de lo no saludable. Una meta-análisis de 2017 mostró que una reducción del 10% en el precio de frutas y verduras aumenta su consumo alrededor del 12%, mientras que un aumento equivalente en productos no saludables solo reduce su consumo en un 6%. Los incentivos positivos -subsidios a alimentos frescos, créditos a la reformulación industrial, compras públicas preferentes, educación culinaria real- producen cambios más estructurales y menos regresivos.

No se trata de rechazar por principio todo instrumento fiscal. Un impuesto bien diseñado, por gramo de azúcar, con umbrales claros y con destinación específica a programas de alimentación y actividad física, puede ser un componente útil. Convertirlo en la política central o en la gran bandera de la lucha contra la obesidad es un error. Genera la ilusión de acción mientras dejamos sin atender las causas más profundas.

Colombia necesita menos símbolos y más estrategias serias. Menos impuestos que castigan y más incentivos que transforman la oferta. Menos anuncios de “impuestos saludables” y más inversión real en cultura alimentaria, entornos y habilidades. El cambio verdadero no se logra solo encareciendo lo malo. Se logra haciendo más fácil, más atractivo y más accesible lo bueno. Esa es la diferencia entre una política de gestos y una política de resultados.