Analistas

Indolencia (2)

Continuando con la indolencia a la que hacíamos referencia en la columna anterior, los legisladores colombianos -sin tener en cuenta a las víctimas- no solo siguen dilatando la implementación de la justicia transicional (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), sino que en lo poco que avanzan, acaban de inhabilitar con un pupitrazo a más de la cuarta parte de los magistrados electos para la misma.

Los congresistas son suspicaces respecto de los magistrados electos para la JEP que en su ejercicio profesional colaboraron con organizaciones de derechos humanos. En otras palabras, entienden que las pocas personas que en el país se preocuparon porque se haga justicia para las víctimas a lo largo de un conflicto de más de medio siglo, no brindan garantías si son jueces de los perpetradores.

Aprovechando que muchos entendieron el Acuerdo de Paz como una concesión a las Farc y no como un derecho en favor de las víctimas, buscan blindar a militares y terceros violadores de derechos humanos que, por supuesto, nunca confiaron, ni confiarán, en las organizaciones que velan por el respeto a los derechos fundamentales. Con una ignorancia y/o mala intención no propia de congresistas, crean inhabilidades a posteriori y lo más grave, discriminan.

Inhabilidades y discriminación que uno creería se caerán en la Corte Constitucional, sin embargo, esta institución que en los últimos años no deja de sorprendernos, se suma a la indolencia y declara exequible la JEP incorporada en el punto 5 del Acuerdo de Paz que versa sobre las víctimas, pero lo hace excluyendo de su jurisdicción a los “terceros”. En otras palabras, los civiles que alentaron el conflicto (empresarios, ganaderos, autoridades locales, redes de apoyos de guerrilleros y paramilitares, entre otros) -solo si lo quieren- se someterán a la JEP, pues seguirán sometidos a su “juez natural”.
El “juez natural” de los terceros es la jurisdicción ordinaria -que con un 99% de impunidad- cuenta con una Fiscalía -muy crítica del proceso de paz- que no ha investigado más de 15.000 casos de terceros que provienen de la compulsas de copias de las investigaciones derivadas de la Ley de Justicia y Paz con la que se desmovilizaron los paramilitares en 2005.

Una de las tantas razones por las que hemos defendido el proceso de paz, es precisamente porque el acuerdo de La Habana con las Farc es mejor a los alcanzados en otros conflictos, toda vez que en materia de víctimas y justicia de transición que las reivindicará, cumple a plenitud con los estándares internacionales a los que el país está obligado. Hace un año hacíamos mención del informe emitido el 14 de noviembre de 2016 por la Corte Penal Internacional, CPI, en el cual nos recordaban que la fiscal Fatou Bensouda saludaba la conclusión de las negociaciones de paz como un logro histórico que requerirá una auténtica rendición de cuentas. Además, expresaba que “revisará cuidadosamente todo cambio posible en el texto del Acuerdo firmado el 26 de septiembre de 2016, luego del resultado del plebiscito nacional (…) así como todo proyecto legislativo posterior relativo al establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para los máximos responsables por los crímenes más graves”.

Nuestros legisladores y magistrados de la Corte Constitucional acaban de abrirle la puerta a la CPI, a la que le damos desde ya la bienvenida.