Analistas

Reinserción política y política en la reinserción

La fase final de las negociaciones de La Habana para la superación del conflicto armado no internacional que desangra y arruina al país ha llegado. No se sabe cuánto tiempo tome esta fase ni cuándo se sume a este proceso el ELN, pero lo que si se debe tener presente es que es un hecho que no se puede soslayar. 

Prolongar esta fase más allá de lo necesario, sería un acto de imprudencia que puede poner en peligro la superación del conflicto armado.

En este momento se requiere de la más amplia deliberación pública que involucra a todas las fuerzas y movimientos políticos, asimismo, a amplios  sectores de la sociedad civil, entre los cuales deben estar los ciudadanos de las regiones periféricas para que intervengan en las decisiones que legitimen y legalicen los acuerdos que garanticen la superación del conflicto. 

De lo urgente y necesario que resulta un gran consenso político en la Nación, el politólogo estadounidense, Francis Fukuyama afirma: “También me preocupa la polarización del proceso de paz porque creo que si se va hacer algo como esto, se necesita un gran consenso político detrás, pero se está filtrando en la política del país y creo que esto es algo peligroso”. 

Un gran acuerdo nacional llama a la puerta ya. Las partes negociadoras no pueden pretender que el diálogo se circunscriba, única y exclusivamente, a sus representantes. Se requiere la reinserción de las fuerzas insurgentes con la recuperación del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado. 

Si la negociación en La Habana es una política y el tratamiento que se ha dado es político, es porque se reconoce que el conflicto armado es un asunto eminentemente político. En otras palabras, los insurgentes en la mesa de negociaciones están participando en alta política, por lo tanto hay que abordarla sin pánico.

Aceptar que los reincorporados a la vida civil participen en política  -y que a su vez el posconflicto sea un periodo destinado a abrirle camino a la paz-, es una premisa para que los insurgentes abandonen la guerra y tengan la oportunidad de constituir partidos políticos. En esto no puede existir duda alguna. 

La experiencia de la guerra en el país enseña que en muchas ocasiones los reinsertados a la vida civil han sido víctimas de persecuciones políticas y de actividades criminales de exterminio. Esta trágica y dura experiencia no debe ser olvidada, por el contrario, debe tenerse de presente para rodear de confianza al proceso de superación del conflicto armado y  para que el posconflicto sea una escuela de paz.

De la misma manera que se necesita de una amplia deliberación política, la sociedad civil debe participar en forma activa en la política del rediseño de las instituciones. El gobierno nacional, en su tarea de encauzar la deliberación pública, para la legitimación de los acuerdos de superación del conflicto armado, no formula las cosas con claridad. No existe un gran acuerdo nacional y ese acuerdo necesita de un gran respaldo, no sólo de los partidos en el poder.

El gobierno nacional no ha querido abrirle paso a la convocatoria de una gran Asamblea Nacional Constituyente que es el camino constitucional adecuado para garantizar el rediseño de las instituciones. Este es un grave error, no hay mejor camino que este. 

El conflicto armado no internacional de tan larga duración se presentó porque las instituciones no están bien ordenadas. Las sociedades con instituciones bien ordenadas no padecen los estragos de guerras intestinas y degradas como la nuestra.