Analistas

Los departamentos y su reflejo en el ranking fiscal

El pasado jueves 15 de noviembre asistí al XIII Congreso Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia realizado en Bucaramanga donde se abordó, con rigor, asuntos relacionados con el fortalecimiento de los departamentos.

Hecho que en la actualidad alcanza una importancia superlativa si se tiene en cuenta que estos entes territoriales deben convertirse en verdaderos gestores dinamizadores del desarrollo económico y social de sus habitantes.

Y de eso es precisamente lo que nos habla el ranking de desempeño fiscal del Departamento Nacional de Planeación que le otorga al Atlántico la mayor calificación y lo ubica, por sexta vez consecutiva, en el ‘top’ de los que mejor administra los recursos.

Este primer puesto en el desempeño fiscal es fruto de un largo camino de ajustes fiscales que demandó sacrificios de cada una de las administraciones de los últimos 15 años que como valor agregado desencadenó comportamientos metódicos que año tras año arrojan resultados favorables.

Los principales ítems con los cuales se mide la situación financiera de los departamentos son: Cuánto de sus ingresos corrientes de libre destinación se toman para gastos de funcionamiento, cuánto corresponde al servicio de la deuda y cuánto queda disponible para inversión.

Además se analiza, cuánto de los ingresos corresponde a transferencias que hace la Nación a través del Sistema General de Participación y/o Regalías.

También mide la dependencia de los recursos propios con respecto a los ingresos corrientes y cuánto dedica a la inversión con respecto al gasto total. En estas comparaciones no se tiene en cuenta la diferencia entre ellos.

Hay departamentos como Atlántico que no tenían ‘ayudas extras’: no le ingresaban recursos por regalías directas o de establecimientos públicos que le pudieran transferir utilidades ni tampoco cuentan con una empresa licorera sólida que le represente utilidades significativas.

Sin embargo, el 44% de los ingresos del Atlántico son tributarios y no tributarios propios lo que significa que cuenta con una estructura de entrada de recursos que depende de sí mismo.

Se destaca el hecho de que la mayoría de las entidades presentan una dependencia financiera de los recursos transferidos por la Nación y una débil capacidad administrativa y de gestión financiera. Los hospitales, por ejemplo, han dependido, históricamente, de que el nivel central les compre los servicios.

Algunos han cuestionado y sugerido que en el análisis que hace Planeación Nacional se incluya el total de las deudas contingentes (situaciones que ante la posibilidad de su ocurrencia, crean incertidumbre financiera) como parte fundamental de la metodología para medir el desempeño fiscal. En el caso específico del Atlántico, hubo fallos judiciales que solo representaron el 0.5% de las aspiraciones de los demandantes.

Lo que sí debe medirse es cómo los departamentos se preparan para absorber esas contingencias. En el Atlántico se creó un Fondo de Saneamiento Fiscal Voluntario que se sostiene de una renta específica, con el fin de atender eventuales fallos adversos que efectivamente ha cubierto los pagos requeridos.

En la realidad, los departamentos cuentan con un presupuesto muy reducido en comparación con las crecientes necesidades insatisfechas de sus poblaciones. Además, están aún asfixiados por el rezago al que están sometidos por mantener programas de saneamiento con los que intentan cubrir los pasivos que los ahogan.  

De su adecuado manejo depende el nivel de bienestar que puedan suministrar a la población, lo que permite, además, alcanzar los objetivos propuestos en materia económica como el crecimiento de la economía, la elevación del nivel de vida de la población y la estabilidad y autonomía económica.

Un manejo saludable de las finanzas públicas posibilita el cumplimiento constitucional de los fines esenciales del Estado, tales como la prestación de los servicios públicos básicos y la garantía de una sociedad en condiciones de dignidad humana, armonía y paz.

Es imperativo fortalecer los departamentos para que, sin salirse de los objetivos de un desempeño fiscal adecuado, se ejecute la inversión en obras de infraestructura conducentes a saldar la deuda social histórica que se tiene con nuestros ciudadanos.