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La lucha contra el narcotráfico y la drogadicción no toca el consumo; solo enfrenta la oferta, que es el lado pasivo de la ecuación que Estados Unidos cree controlar.
Poco se hace en el mundo para disminuir el consumo de 296 millones de adictos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2023 alrededor de 5,8% de la población global entre 15 y 64 años usó alguna droga ilícita. En comparación, según la Ocde, el consumo en Estados Unidos fue mucho más alto, cercano a 25%; es decir, entre cuatro y cinco veces mayor que el promedio mundial.
Recientemente, Estados Unidos convocó al “Escudo de las Américas”, una coalición de 17 países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La gran sorpresa: Colombia fue excluida. Los compromisos suscritos allí plantean un cambio conceptual, pero en el fondo es la misma estrategia y, esta vez, sin Colombia.
Se sigue tratando el fenómeno como un problema meramente policial o judicial, y no como una amenaza estratégica que justifique una cooperación contundente para disminuir la demanda. Incluso, Estados Unidos llegó a comparar el modelo de esta coalición con el despliegue militar para combatir al Estado Islámico. Esto define una hoja de ruta centrada en la militarización contra los narcotraficantes, sin asumir responsabilidad alguna frente a la reducción del consumo en su territorio.
La lucha es contra organizaciones criminales y su inmenso poder de comercialización, transporte y logística a través del Pacífico y el Atlántico. Habrá mayor actividad diplomática para endurecer las políticas antidrogas, pero, al excluir a Colombia, parecería que Washington no tiene claro el panorama.
Esta exclusión implica un cambio de enfoque por parte de EE.UU. Pasamos de ser el aliado estratégico, a través del Plan Colombia, a un socio menos activo. Esta transición representa una disminución en los apoyos y confirmaría el quiebre de la confianza política debido a la falta de afinidad estratégica actual.
Reitero: se sigue luchando únicamente contra la oferta. Lo lógico sería convocar a universidades, colegios y a todo el sistema educativo a una gran cruzada nacional para reducir el consumo, que es el verdadero combustible del narcotráfico.
La visión de la “Paz Total” de Petro no coincide con los criterios de Trump para enfrentar el narcotráfico. Existe una evidente desarticulación: en Colombia, atacar a los narcos demanda una enorme cantidad de recursos militares, económicos y estratégicos que hoy no están alineados. Estados Unidos está esperando una nueva realidad política en nuestro país antes de vincularnos formalmente al “Escudo de las Américas”. Sin embargo, debemos insistir, con cifras concretas, en que la disminución del consumo es parte fundamental de la arquitectura de seguridad del continente. Tras el encuentro Petro-Trump, reina una quietud expectante ante las definiciones políticas en Colombia. Somos el país con la mayor área de cultivos de coca en el mundo y gran parte de la guerra hemisférica contra los carteles ocurre en nuestro suelo; por lo tanto, no podemos ser excluidos.
Estados Unidos ha asumido un papel de víctima impotente ante el narcotráfico, mientras Colombia, cargando con el estigma de la culpa, marca distancia. Es hora de que ellos acepten su responsabilidad y ataquen el consumo, pues son los mayores consumidores a nivel global.
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