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El crecimiento de 1,8% del PIB durante el año 2017, confirma los temores sobre las debilidades en el manejo de nuestra política económica que ha pretendido, con herramientas tributarias y monetarias, corregir las deficiencias en cuenta corriente, déficit fiscal y crecimiento industrial.
El modelo económico y las políticas económicas están en la mira, por los precarios resultados que no a contribuyen a remover los factores de inequidad, pobreza y falta de acceso a los derecho fundamentales de salud, educación y pensiones, al impulsar la transferencia de recursos públicos al sector privado, en aras de la supuesta o real ineficiencia del Estado, para fortalecer el sector financiero, negando a los sectores más pobres los beneficios presupuestales en esos rubros.
El presupuesto se gasta sin obtener las soluciones universales que la sociedad reclama con justo derecho. De otra parte, nuestro magro crecimiento que no superará 3% el año entrante, pese a la recuperación de los precios del petróleo, no indica que estemos avanzando hacia un justo desarrollo social.
El ajuste tributario basado en el incremento del IVA y en la reducción de gravámenes a las empresas, no produjo los efectos buscados en la mejora del recaudo y todo indica que el próximo Gobierno tendrá que trabajar sobre la base del ahorro en los gastos y en la búsqueda de recursos.
Queda claro que hemos fracasado en el camino de mantener la regla fiscal, lograr el balance de nuestra balanza comercial y reactivar el crecimiento de la industria que sigue acusando los efectos de la enfermedad holandesa cuyos síntomas reaparecen cuando volvemos a depender del petróleo, relajando la disciplina fiscal y atentando contra la industria en el festín de las divisas.
No pareciera que el actual Gobierno tuviera intenciones de rectificar el camino de las recomendaciones de la Ocde, revisando los efectos de nuestra apertura comercial por los TLC que destruyeron gran parte de nuestro aparato productivo sin que se vislumbre políticas arancelarias que lo protejan, subsidiando las exportaciones o generando estímulos para mejorar la competitividad externa sin caer en decisiones que afecten los ingresos de los obreros y aumenten nuestra preocupante inequidad.
De cara al debate presidencial no son novedosas las posturas de los candidatos, más dedicados a las recriminaciones y a los insultos que a la discusión de propuestas creíbles para afrontar los retos económicos del inmediato futuro.
No parece fácil superar las debilidades con las mismas recetas, aparentemente inelásticas que se han venido aplicando en un modelo económico y social que generó esas situaciones de desaceleración y estancamiento.
El neoliberalismo hirsuto nos arrojó en los brazos del sector financiero que no querrá renunciar a su cómoda posición de beneficiario de las políticas de salud, de pensiones y hasta de educación.
No puede entonces sorprenderse el establecimiento con la aceptación de los candidatos que, saliéndose del esquema convencional, están poniendo el dedo e la llaga, denunciando los efectos perversos de una política económica complaciente con pequeños sectores privilegiados excluyentes.
La contienda política no se reduce a una simple estigmatización de izquierdas o derechas sobre un diagnóstico que todos comparten, sino a la formulación de reformas incluyentes. Descalificar como populista toda propuesta, por novedosa o radical, tampoco se compadece con un modelo económico a todas luces inequitativo.
