Pensiones: Fuente De Inequidad Y Corrupción

El anarquizado régimen pensional que hay en el país puede lograr la desestabilización institucional que no  ha logrado la subversión ni los más graves conflictos sociales que tenemos. Lo que hay hoy en esa materia es francamente inmoral y subversivo. Que 1750 privilegiados: ex magistrados, ex fiscales, ex procuradores, ex congresistas y avivatos,  reciban más de setecientos cincuenta mil millones de pesos en jugosas mesadas de más de catorce millones, y que un millón doscientos mil colombianos se lleven más de veintisiete billones del presupuesto nacional, de los cuales, casi un sesenta por ciento reciben menos de dos salarios mínimos, es la muestra de un problema apocalíptico que crece día a día, y que de no afrontarse inmediatamente, puede llevarnos a una situación de insolvencia en el mediano plazo.
Lo que hoy hay en esta materia está muy lejos de cumplir los principios de un régimen de pensiones: universalidad, equidad y sostenibilidad. Si solamente el treinta y dos por ciento de los trabajadores, cotizan hoy a pensiones y solamente dieciocho por ciento de los que tienen más de sesenta años reciben una pensión, está claro que nos preparamos para tener una población vieja y desprotegida, teniendo en cuenta la velocidad con que cambia nuestra pirámide poblacional. Tomando las cifras DANE, es preocupante ver que para el dos mil veinte, nuestra población total crecerá en un 11.87%; pero mientras los colombianos entre cero y veinte años, disminuirán en 1.31%, los que estarán para esa época entre sesenta y ochenta años, aumentarán en 45.29%. Visto en otra forma el problema, en menos de veinte años tendremos aproximadamente seis millones quinientos mil colombianos en edad de jubilación o cercana a ella. En resumen, el problema está a la vuelta de la esquina y aplazar una drástica reforma en esta materia es francamente irresponsable.
Lo primero que habrá que hacer es poner en práctica lo que se intentó hacer en la Constitución, sin éxito, acabando de tajo con los regímenes excepcionales que son fuente de inequidad y corrupción. La rama judicial del Poder Público y el Congreso, no pueden, sin asestarle un nuevo golpe a su credibilidad, seguir aprovechándose de su posición para que algunos de sus más notables miembros disfruten de odiosos privilegios que en el mediano plazo serán insostenibles. Consideraciones semejantes podemos hacer sobre el régimen prestacional de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, cuyo número crecerá en el corto plazo de manera significativa por obvias razones.
Está claro que la reforma que debe hacerse no puede limitarse a aumentar la edad de jubilación o las semanas de cotización, pues esa es la parte cosmética del problema. La reforma tiene que apuntar a meter en cintura a todo el mundo comenzando por quienes dirigen el país y están obligados a cambiar de actitud. En segundo término es unánime el clamor por mejorar las condiciones laborales pues en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Mientras en 1999 los aportes a pensiones eran del orden del 1.4%, en el 2007 eran de 0.89%, según el profesor Gilberto Barón de la Universidad Javeriana. La informalidad creciente explica este fenómeno, aupado por la flexibilización laboral que debe reglamentarse adecuadamente para que, paralelamente al estímulo de generar empleo, garantice la protección social del trabajador.
Finalmente los fondos privados de pensiones merecen una revisión profunda pues hoy eluden responsabilidades, y son, como el Seguro Social, fuente inagotable de conflictos que le cuestan al país miles de millones anualmente. El reto es enorme y el Presidente Santos debe saber que hay aquí una lucha contra la corrupción,  contra la pobreza, y por la cohesión social y la inclusión de millones de colombianos. Muchos más de los que involucra la ley de Víctimas y Restitución de Tierras.