Y si su voto es cómplice con el crimen

Todo en este gobierno se asemeja a una gran conspiración criminal. Hay evidencia, en procesos judiciales, de que la primera línea estuvo infiltrada y coordinada por las Farc. Los pactos de la Picota evidenciaron acuerdos con redes criminales. Los petrovideos presentaron los manejos oscuros en campaña con los peores corruptos del país y la decisión de abusar de la democracia. Luego, la propia campaña deliberadamente superó los topes, se financió ilegalmente e incurrió en prácticas indebidas para las votaciones.

En este gobierno se han cometido múltiples crímenes contra el erario público; se han incumplido los fallos de la justicia (insuficiencia de la UPC en la salud); se han nombrado personas con problemas judiciales; se han mantenido en sus cargos personas con denuncias en Procuraduría, Fiscalía y Contraloría; y se ha facilitado la salida del país de criminales condenados. Sospechosamente, la Fiscalía deja vencer términos y no imputa cargos. El gobierno abusa de la ley y del poder, como en el caso del salario mínimo, las intervenciones en entidades y el desprestigio y enfrentamiento con estas.

¿Qué pasa con unos votantes a los que, contra toda evidencia, no los convence nada ni nadie? ¿Qué ocurre cuando el voto absuelve lo inaceptable? Un pueblo no vota por criminales porque sea naturalmente irracional, sino porque ciertas emociones colectivas pueden deformar el juicio político. La insensatez aparece cuando la ciudadanía convierte la elección en un acto de lealtad tribal: ya no pregunta si el candidato respetó la ley, sino si pertenece al “bando propio”. Donald Trump fue condenado en 2024 por 34 cargos de falsificación de registros empresariales y, aun así, su victoria electoral posterior mostró hasta qué punto una parte del electorado puede reinterpretar una condena como persecución política, antes que como responsabilidad jurídica.

El miedo también opera, y de otra manera: lleva a aceptar líderes que prometen orden, aunque lo hagan debilitando las garantías. Rodrigo Duterte fue elegido alcalde de Davao en 2025 mientras estaba detenido por la Corte Penal Internacional; su respaldo muestra cómo la seguridad puede convertirse en un argumento para relativizar abusos graves. La ideología también puede justificar lo injustificable. Silvio Berlusconi regresó al Parlamento italiano en 2022, nueve años después de haber sido expulsado por una condena de fraude fiscal; para sus seguidores, su identidad política pesó más que su historial judicial. La ira y el resentimiento completan el cuadro. Cuando sectores sociales sienten que las instituciones los traicionaron, pueden votar no para elegir al más íntegro, sino para castigar al sistema.

La democracia se degrada cuando el voto deja de ser evaluación moral y se vuelve revancha, miedo organizado o adhesión ciega. El voto debe construir democracia, no convertirse en instrumento de destrucción de las instituciones con la absolución pública de delitos, abusos o alianzas criminales.

El asunto es que el actual presidente fue incluido en la llamada Lista Clinton; su elección fue condenada por superación de topes y financiación ilícita. Cepeda está recorriendo el mismo camino. ¿Cómo es que los votantes colombianos, a la vez que dicen repudiar a las Farc, al ELN y a los grupos criminales, un 38% pretende votar por quien se sabe su aliado, por los archivos revelados en computadores incautados y por las fotos públicas con ellos? ¿Pueden tanto la ideología y el odio como para que renunciemos a los principios?