Victorias tempranas

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Las cifras más recientes de Banca de las Oportunidades mostraron que la inclusión crediticia cobija al 52% de los adultos del país, lo que significa que un poco más de 20 millones de colombianos tenían un crédito activo al finalizar 2025. Eso quiere decir que aún nos faltan por incluir en este conjunto a cerca de 9,5 millones de colombianos, para llegar a la ambiciosa meta de 75% del total de adultos con algún producto de crédito.

Esto también se refleja en materia de profundización. En efecto, la relación cartera/PIB cerró cerca de 44% en 2025, bastante alejada del óptimo de 65% que se deriva de varios estudios técnicos sobre el tema.

Ante esto, la pregunta que surge es cómo hacer para avanzar hacia esas dos metas de colocación de crédito. Y para responder es útil hacer un pequeño diagnóstico con las cifras disponibles. Este enseña que hay al menos tres grupos de análisis, teniendo en cuenta que, como el sector custodia el ahorro del público, se guía por normas prudenciales de gestión de riesgo.

El primer grupo es donde no hay problemas de colocación y las fuerzas del mercado operan. Allí sobresale el crédito de consumo y vivienda a hogares formales (e incluso muchos informales con ingresos que pueden probarse de alguna manera) y el crédito comercial a grandes y medianas empresas de sectores tradicionales (y también algunas pequeñas en los sectores con mayor nivel de información).

El segundo grupo es donde el crédito fluye gracias a una articulación con instrumentos de política pública. Ejemplos en este caso son algunos segmentos de microcrédito, que se benefician de la comisión Mipyme y la separación como modalidad independiente; el hipotecario a hogares de bajos ingresos, gracias a los programas de subsidios públicos; o la financiación de la infraestructura, con los ajustes recientes en los contratos de concesión (APP).

El último grupo es donde es mucho más difícil irrigar crédito. Esto ocurre por distintas fallas de mercado como la ausencia (o asimetría) de información, o por mecanismos regulatorios que limitan la actividad. En el primer caso aparecen los informales de bajos ingresos, una parte del segmento de micro y pequeña empresa, la cartera rural, o los créditos estudiantiles, entre otros. Mientras tanto, en el segundo caso están los sectores donde hay limitaciones por bajas tasas de usura y alto número de personas reportadas en las centrales de riesgo.

Aunque seguramente se requiere un análisis más detallado, este diagnóstico general permite trazar una primera hoja de ruta futura para profundizar lo ya logrado en materia crediticia.

En el caso del primer grupo lo que es evidente es que se debe dejar que las fuerzas del mercado operen libremente. Pero, de los grupos dos y tres se infiere que se requiere una articulación entre el sector financiero y la política pública.

Dicha articulación puede darse, por ejemplo, con una mayor profundización en el uso de las herramientas del Grupo Bicentenario, como las líneas de redescuento y las garantías estatales (usando a los bancos de segundo piso y los fondos de garantías); o con la normativa necesaria para poder armar un buen plan de rebancarización y lograr que la tasa de usura deje de ser un limitante para colocar crédito.

Si avanzamos rápidamente, muchas de estas articulaciones podrían ser victorias tempranas que permitirían elevar la colocación de crédito en el corto plazo.