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ANALISTAS 09/09/2026

Cien años de impunidad

Ernesto-Lucena

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Antes de entrar en materia, una deuda. Gracias a Quinto Color y a quienes produjeron “El 8.000” por devolverle al país un expediente que preferimos archivar. Sin ese recordatorio esta reflexión no existiría. Y la coincidencia no es menor: mientras Netflix cerraba, a finales de agosto, la adaptación de “Cien años de soledad”, HBO Max estrenaba El 8.000. Macondo y el Proceso 8.000 salieron al aire casi juntos. La ficción terminó su ciclo. La impunidad, no.

No hace falta reconstruir el libreto. Dineros del Cartel de Cali en la campaña de Ernesto Samper, operadores condenados, presidente absuelto por la Cámara. 30 años después, el expediente vuelve a la pantalla y nosotros volvemos a hacer lo que mejor sabemos: mirar, comentar y seguir. García Márquez lo advirtió en la última línea: las estirpes condenadas no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Colombia leyó la novela, la celebró y no la entendió. No tenemos cien años de soledad. Tenemos cien años de impunidad.

El rito

Lo antropológico no está en el delito. Está en la ceremonia que lo envuelve. Cada generación colombiana hereda el mismo libreto: aparece el escándalo, se nombra al tesorero, se protege al beneficiario, se inventa una fórmula -”fue a mis espaldas”, “fue un golpe blando”, “fue lawfare”- y la sociedad convierte la justicia en relato. El poderoso no niega los hechos: los redibuja hasta que dejan de parecer crimen y empiezan a parecer destino.

Eso no es amnesia. Es algo más grave. El colombiano promedio no olvida el 8.000, ni el Palacio de Justicia, ni a Galán, ni la parapolítica, ni los falsos positivos, ni Odebrecht, ni la Ñeñepolítica. Los recuerda con precisión de cronista. Lo que no hace es exigir que el recuerdo cueste. Preferimos la catarsis a la sanción. El escándalo nos organiza: nos da villanos, frases, paneles, series. La sentencia nos incomoda, porque obliga a romper lealtades. Hay una psicología de tribu detrás. En sociedades de baja confianza institucional y alta lealtad personal, la norma no es la ley: es el círculo. Quien llega al poder no es un ciudadano sometido a reglas; es un jefe al que se debe cobijo. Condenar al operador y absolver al patrón no se vive como hipocresía. Se vive como realismo. “Así es el país”, decimos, y con esa frase convertimos un fallo moral en folklore.

La costumbre

Por eso el 8.000 no es un caso. Es un molde. Y 1995 lo dejó en doble exposición: mientras el Congreso debatía si el presidente sabía, un comando mató a Álvaro Gómez Hurtado frente a la Universidad Sergio Arboleda. Un país capaz de absorber, el mismo año, la compra de una campaña y el asesinato de un expresidente de la Constituyente no padece un accidente judicial. Padece una costumbre.

30 años después, el rito se repitió con otro apellido de la política. El 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito de Modelia, dispararon contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Murió el 11 de agosto. El menor que apretó el gatillo ya fue juzgado. Los que ordenan siguen siendo, otra vez, una disputa de hipótesis. De Gómez a Uribe el siglo cambió. El patrón no: la justicia alcanza al sicario y se demora -o se extravía- en el autor intelectual. El mensaje se graba más hondo que cualquier código: en Colombia se puede llegar al poder con dineros prohibidos y se puede salir de la historia a tiros, siempre que el andamiaje de lealtades resista.

La Corte Suprema ha dicho lo que la calle ya sabía: la impunidad ordinaria ronda 90%. No es solo incapacidad técnica. Es un pacto implícito. Dilatar el expediente desgasta a las víctimas. Sustituir la prueba por la narrativa agota a la opinión. Y cuando el cansancio llega, el país declara el caso “historia” y pasa al siguiente capítulo con el mismo elenco, apenas maquillado.

Macondo no fracasa por estupidez. Fracasa por soberbia y por encierro: inventa, ama, discute y, aun así, se niega a leer el pergamino que ya anunció el final. Nuestra variante es institucional. Tenemos periodismo que destapa, cortes que hablan, comisiones que documentan. Lo que no tenemos es el gesto más difícil de una cultura política: aceptar que el propio bando también delinque y que la ley no es un arma contra el adversario, sino un límite para todos.

El precio

Esa costumbre no es gratis. Un mercado electoral que tolera capital ilegal distorsiona la competencia, encarece la democracia y le dice al empresario formal que las reglas valen según quién las rompa. La impunidad no es solo una ofensa a las víctimas. Es un impuesto invisible sobre quien sí cumple.

Ver El 8.000 puede ser una píldora contra el olvido. No basta. El olvido no es nuestro veneno principal. Lo es la memoria sin costo: honrar la crónica y sabotear la lección. García Márquez le negó a los Buendía una segunda oportunidad. Colombia todavía la tiene, pero no la va a encontrar en una plataforma de streaming. La encontrará el día en que un expediente deje de terminar en votación de pasillo o en hipótesis eternas, y empiece a terminar en una consecuencia que no distinga entre el tesorero y el candidato, entre el sicario y quien lo mandó matar.

Hasta entonces, Macondo no será un pueblo imaginario. Será el nombre verdadero de nuestra costumbre.

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