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Funcionarios, atentos con las redes

Hace un par de semanas, la ministra de Trabajo, Clara López, trino acerca de un evento en el que participó. Lo que publicó no hacía alusión alguna a su trabajo en el ministerio, pero en cambio se explayó sobre temas del Polo Democrático.

Algo similar hizo el director de Planeación, Simón Gaviria, quien subió un video en redes para exaltar su figura y no su trabajo al frente del DNP. Como por arte de magia, el video fue borrado rápidamente

Estos son apenas dos de los casos que está estudiando la Procuraduría por el uso indebido de redes por parte de funcionarios. Cabe recordar que la Constituyente del 91 prohibió que éstos realicen actividades electorales o partidistas. 

Bienvenida la iniciativa de la Procuraduría, que le va a meter el diente a un tema inexplorado en la legislación y política colombiana: el mal uso de las redes por parte de los funcionarios, sobre todo en tiempos de campaña.

No es un tema menor. En el 91 no existían estos canales, por lo que hay un sinfín de grises que se deben abordar. Y no va a ser para nada fácil. La Procuraduría, junto con la Misión de Observación Electoral (MOE), han armado un equipo encargado de buscar países que ya cuenten con una regulación en torno a redes, pero los casos, de momento, brillan por su ausencia. 

Y es que los países a los que uno acudiría para analizar lo qué han hecho al respecto, como los Estados Unidos o España, sí permiten a sus funcionarios hacer proselitismo político.

Con las cosas así, en manos del Procurador va a caer la titánica tarea de poner en cintura a todos esos funcionarios que se están pasando por la faja una prohibición legal, pero éste se va a topar con múltiples vacíos legales y complejas discusiones jurídicas que buscarán meterle varios palos en la rueda. 

¿Cuál será el criterio para determinar si una actividad en redes tiene connotaciones de activismo electoral o partidista? ¿Qué sucede si el funcionario no es quien maneja sus redes sociales, sino su equipo? ¿Qué pasa con las fotos que cuelgan éstos en eventos políticos? ¿Qué implicaciones tendrán los ‘Me Gusta’ y los retrinos? 

Mucha zona gris que debe ser abordada. Quizás el Procurador llega demasiado tarde de cara a las elecciones de 2018, pero sin duda se está adelantando para crear marco legal que evite abusos a futuro. Las redes son un territorio salvaje, sin reglas y la Procuraduría parece estar dispuesta a encarar este debate a pecho abierto.

Sin embargo, esta es una discusión que no se puede quedar solamente en lo que está proponiendo el procurador Fernando Carrillo. A Colombia le llegó la hora de cuestionar la mal llamada libertad de expresión en redes sociales. Libertad de expresión no es mentir y matonear.  

Será el próximo gobierno el que tenga una obligación ética y moral de medírsele a una conversación que será sumamente impopular y que levantará serias ampollas, pero es más que necesaria. 

Un columnista estadounidense definió con mucha claridad el peligro de seguir ignorando este debate, tal y como lo están haciendo muchos otros países: “Sin reglas ni directrices, el mundo de las redes sociales es una plataforma hostil con capacidad nuclear”.

Las redes sociales tienen que dejar de ser ese mundo de nadie en el que los mentirosos y los despiadados hacen de las suyas con total impunidad, sin ningún tipo de control.

La ignorancia ya no puede constituirse en la principal defensa y las leyes deben servir para que uno piense antes de escribir, donde el matoneo y las amenazas sean punibles, al igual que las mentiras.