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La reciente alerta de la Contraloría General de la República es más que un llamado técnico; es una advertencia estructural. La Política Pública de Conectividad Digital, que entre 2019 y 2020 ejecutó más de 90% de sus recursos, cayó progresivamente hasta un crítico 61,4% en 2024. El promedio de 74,2% entre 2019 y 2024 no es solo un indicador; es la expresión de una política que perdió su dinamismo cuando más se necesita.
Los indicadores son contundentes: 48% de los proyectos evaluados presentan ejecución muy crítica, con mayores fallas en conectividad rural, acceso público e inclusión digital. Es decir, donde el Estado debe ser más eficaz, fue más débil.
El Índice de Brecha Digital de la CGR confirma la consecuencia territorial de esa ineficiencia: un valor nacional de 70,73 en 2024, con regiones como Amazonía, Orinoquía, Pacífico y Caribe liderando la exclusión. En departamentos como Vichada y Vaupés la brecha supera 85%, mientras Bogotá registra los niveles más bajos con 58,8%.
La geografía digital reproduce el viejo esquema centro-periferia.
La brecha urbano-rural, cercana a 20 puntos porcentuales, demuestra que la infraestructura desplegada no ha sido suficiente. Y hay un dato aún más revelador: aunque la pobreza multidimensional bajó a 11,5% en 2024, la exclusión digital persiste.
El ingreso mejora, pero la integración digital no avanza al mismo ritmo. Esto prueba que la conectividad no es solo red; es asequibilidad, habilidades y uso significativo. El error estratégico ha sido pensar la política de conectividad como un programa de expansión física y no como una arquitectura integral de desarrollo. Universalizar la conectividad exige cuatro correcciones importantes:
La política debe migrar de metas de cobertura a metas de uso efectivo: estudiantes conectados que culminan ciclos formativos digitales, campesinos que comercializan en línea, emprendedores que acceden a servicios financieros digitales.
Los recursos deben asignarse con base en el Índice de Brecha Digital, priorizando departamentos con brechas superiores a 80%, con incentivos regulatorios para operadores que desplieguen infraestructura en zonas de alto costo.
Subsidios focalizados a la demanda, tarifas sociales de internet fijo y móvil, y estímulos tributarios para dispositivos en hogares rurales.
La conectividad debe integrarse al sistema educativo y a programas de desarrollo rural y emprendimiento. No basta con la conectividad; hay que formar competencias para transformar esa conectividad en valor económico y ciudadanía digital.
La conectividad es hoy la nueva infraestructura básica del desarrollo. Si no corregimos la ejecución y la visión estratégica, perpetuamos una desigualdad silenciosa que excluye a millones del aprendizaje, del mercado y de la participación democrática.Universalizar la conectividad no es un eslogan; es una decisión política de equidad territorial y competitividad nacional.
Las sociedades no adoptan tecnologías por entusiasmo técnico, sino cuando encajan -mal o bien- en un sistema social complejo
La autoridad también se desgasta cuando no deja aire. A veces se habla mucho por responsabilidad: para dar claridad, para sostener control, para evitar que el silencio parezca duda. Pero liderar no es ocupar todo el espacio con certezas
La protección de los suelos ambientales es, sin duda, un objetivo legítimo y necesario, pero su materialización no puede desconocer el derecho de propiedad ni los principios de equidad y de distribución justa de cargas y beneficios
