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Quieren acostumbrar a Colombia al paro. No aquel que sobre la base del consenso, hace visibles reivindicaciones legítimas que representen un sentir y una necesidad ciudadana, en el marco de la democracia; no. Se promueve aquel que divide, enfrenta y moviliza a través de un lenguaje violento y de descalificación. Lo más grave, una tipología de paro que desdibuja este derecho, aquel que destruye los bienes públicos y paraliza la economía: tenderos, pequeñas empresas y empleados, que una vez más se ven obligados a caminar largas horas para llegar a sus lugares de trabajo, sin transporte público y reduciendo la productividad del día a día de sus empleos, con los que sobreviven.
En los últimos 40 años hemos visto, las graves consecuencias de los paros con motivación ideológica. Desde las alteraciones a la convivencia con el Paro Nacional de 1977, pasando por las denominadas “marchas cocaleras” de 1996 en Caquetá y Putumayo, las movilizaciones se caracterizaron por agrupar acciones multisectoriales que al integrar diferentes movimientos, se diluyeron entre pliegos petitorios y en el tiempo, abriendo una grieta que aprovechó la violencia, deslegitimando la protesta y bloqueando la posibilidad de acuerdos y consensos reales, no de papel.
Luego, en 2011 con la conformación de un movimiento amplio estudiantil, se conformó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, en rechazo a un necesario proyecto de reforma a la educación superior. Esa que hoy 14 años después está en su peor crisis de financiamiento por un modelo insostenible de subsidios y falta de planeación en su financiamiento, engañando a los estudiantes. Igual ocurrió en 2013 con el Paro Nacional Agrario, que reflejó el abandono histórico del sector. Los campesinos, con justa razón, exigieron atención y medidas urgentes frente a la competencia de precios e importación de productos agrícolas. No obstante, el medio utilizado, a través de bloqueos y disturbios, lo que hizo fue paralizar la movilidad y la seguridad en varias regiones, mostrando una vez más la delgada línea entre la protesta y la alteración del orden público.
Tan solo siete años después, en 2021, tal vez el más violento, el mal llamado “estallido social”, que comprobó ser una estrategia político electoral calculada, para llegar al poder a través de la protesta violenta, dejó profundas heridas en la sociedad colombiana. Extendió la polarización política a la cotidianidad de las relaciones ciudadanas, concentró la agenda de opinión en el enfrentamiento y la división, y paralizó las decisiones que como nación debemos tomar para avanzar hacia el desarrollo que urgen ante los cambios económicos globales. Hoy, por la pésima gestión pública en el orden nacional, no solo estamos estancados, sino que retrocedimos…
Tanto se desprestigió y abusó de esta figura, que hasta los grupos armados se inventaron el “paro armado”. Increíble. Hoy, envalentonados con la paz total, Clan del Golfo, disidencias y ELN, la aplican indiscriminadamente y a su antojo, constriñendo a las comunidades más vulnerables en las regiones, que no pueden moverse por las vías, ni abrir sus negocios. El empleo de la violencia se generalizó a tal punto, que no solo se ejecuta por los grupos ilegales, sino que se extendió a la palabra y al lenguaje, conllevando a la espiral sin fin, donde violencia reproduce más violencia.
Es claro que persisten demandas sociales sin resolver. Pero que se aprovechen para ahondar la división y exacerbar el odio, definitivamente degradan la política a su punto más bajo, pero aún, cuando son promovidas por el mismo gobierno. Eso no tiene presentación democrática ni ética, por el contrario, destruye toda legitimidad del gobernante y paraliza el proyecto de país. Nada justifica la violencia y las vías de hecho. Su consecuencia, es que siempre trascienden a graves desequilibrios territoriales, radicalismos y violencias generalizadas y desestabilizantes de la seguridad y el orden.
En otras latitudes, la palabra paro o los “parados” hace referencia a los que por necesidad o desequilibrios económicos se quedaron sin trabajo. Es un término crítico, negativo y que alude al déficit y la escasez. Que desde el lenguaje y la política se ponga fin a aquello que divide, que desune y genera discordia. Hago siempre el llamado a rodear a nuestra Fuerza Pública, que sabemos con certeza, estará por encima del capricho del gobernante de turno, sobreponiendo el interés nacional, para salvaguardar el orden constitucional, los derechos y libertades públicas. Por eso, quienes valoramos el trabajo como medio para el crecimiento y el desarrollo, no paramos.
En medio de la situación por la que atraviesa el sector con riesgo de un apagón financiero, la propuesta del interventor de diferir la deuda con las generadoras a diez años es insensata
La inversión social es recurrente y requiere ser programada todos los años, representa en 2025 unos $15 billones, mientras la infraestructura nueva está en función del espacio dejado por las vigencias futuras