Narcocultivos: cuando la cifras no cuadran

El gobierno anunció que dejará de usar el Sistema de Monitoreo de Cultivos ilícitos Simci de Naciones Unidas, señalándolos de ofrecer cifras que no reflejarían “la realidad del país”. La decisión que se ha presentado como un tema metodológico, desconoce una lectura estratégica profunda: se trata de sustituir un referente internacional por el relato de gobierno, al que, cuestionar y criticar entidades, cifras o resultados cuando no le favorecen, se convirtió en una práctica recurrente, máxime cuando negar el crecimiento desbordado de narcocultivos en los últimos años, sería como tapar el sol con un dedo.

Por definición, un Estado serio basa sus políticas públicas en datos robustos, verificables y comparables. Ese ha sido, durante décadas, el principio rector del Simci de la ONU: una metodología científica que mediante imágenes satelitales y en terreno, le ha permitido al país contar con precisos datos que miden la extensión de cultivos de hoja de coca, su potencial de producción de cocaína, rendimiento y precios, con una confiabilidad superior a 90% desde 1999.

Las contradicciones son evidentes, pues indistintamente de la metodología, debe haber coherencia y transparencia ante el país. A final de año el presidente dijo que había un incremento de cultivos ilícitos del 3,56% en 2024, llegando a 262.000 hectáreas sembradas, la cifra más alta de la historia; pero un mes después indicó que hay es una disminución del 56,9% ¿cómo creerle?

No se puede confundir al público y dar a entender una disminución del ritmo o la velocidad de expansión del área sembrada, como si fuera igual a la reducción de la extensión total de cultivos, o que muchos de ellos son “cultivos no productivos” porque al final, siguen existiendo. Esta tesis que se cae automáticamente con la misma afirmación del gobierno donde señala que han aumentado las incautaciones: si hay más cocaína incautada, es porque hay más cocaína producida. Sencillo.

El análisis debe ir más allá. ¿Qué se entiende por “cultivos no productivos”?, ¿cómo se verifican?, ¿una hectárea de hoja de coca que aún no haya sido empleada para la producción de cocaína, desconoce su existencia como un cultivo ilícito? Así, se mediría solo la potencial expansión del cultivo, pero no el crecimiento de la superficie o su productividad por hectárea y peor aún su relación territorial con el crimen organizado.

Ahora bien, si la metodología del Simci que se ha empleado durante 27 años estuviera mal, ¿cómo se explican los resultados del Informe Mundial de Drogas que confirman que se llegó también la cifra más alta de producción de cocaína en el mundo, con un incremento de 34% y del crecimiento de los cultivos en Colombia de un 53%?, ¿cómo se explica el precio ficticio del dólar, producto en una parte, de la enorme entrada de divisas producto del narcotráfico? ¿cómo se justifica el crecimiento de los grupos ilegales, si no hubiese como aumentar también la capacidad de financiarlos y sostenerlos?

Si no fuera cierto el incremento de los narcocultivos, ¿por qué recientemente se autorizó a través del Ministerio de Justicia, la erradicación mediante aspersión terrestre doselar con drones, aspersión que se suspendió en 2022, mismo año en que se disparó la extensión de sembrados de coca? Cobra relevancia entonces, la solicitud de los gobernadores de Antioquia y Valle, para que el gobierno permita retomar esta herramienta y contrarrestar así la violencia que afecta a la población, producto de las disputas por rutas de la droga de los grupos ilegales.

Preguntas como estas son parte de la transparencia que exige un problema transnacional. La cooperación antidrogas con Europa y Estados Unidos, depende de indicadores comparables y datos de la ONU. Ad portas de la reunión entre los mandatarios de ambos países, no se puede confundir o negar indicadores para tratar de mostrar avances que no son reales, por el contrario, puede socavar la cooperación y aislar a Colombia en un momento en que la lucha contra el narcotráfico exige contundencia para disminuir la inseguridad en los territorios.

Los asuntos de seguridad y lucha contra las drogas requieren datos confiables. La exclusión del SIMCI, lejos de ser una mejora metodológica, corre el riesgo de convertir la política antidrogas en una narrativa diseñada para agradar en casa y confundir en el exterior. El reto real no es cambiar las cifras, sino cambiar la realidad que muestran esas cifras.