Alicia en el país de la reforma laboral

Sacada de un cuento, del país de las maravillas. Aún no digerimos los graves efectos que tendrá la reforma laboral, que más que una herramienta de dignificación, parece un decreto de aislamiento entre el empresario y el trabajador. Las implicaciones directas se verán en el aumento de la informalidad, costos empresariales y de precios al consumidor, así como otras dimensiones estructurales que se regulan por la lógica del mercado y que no le cuentan a la ciudadanía.

Se vendió con la intención de “proteger” al trabajador, de asegurarle la noche, los domingos y festivos … fácil para ganar el aplauso y el apoyo popular, pero lo que no contaron es que es extremadamente compleja para el que sostiene una nómina y se enfrenta al dilema de despedir o subir más los precios, porque no permite crecer. El efecto inmediato será el desincentivo a nuevas contrataciones, producto de una mayor rigidez normativa y de la estructura de costos asociados a la contratación formal. Esta situación genera mucha precaución en las empresas, sobre todo en sectores con alta rotación laboral como el comercio, hotelería y servicios.

Ni hablar de las Pyme, que representan 90% del tejido empresarial. Estas serán las más afectadas, al no contar con los márgenes y el músculo financiero para asumir mayores cargas laborales, es decir, les impedirá crecer. Se contraerán. Estos primeros efectos inciden de forma directamente proporcional en una mayor informalidad. Según el Dane, para mayo de 2025, la tasa nacional de informalidad se ubicó en 55%. Sólo en el campo y zonas rurales alcanza niveles superiores a 80%. Cualquier esfuerzo de formalización o pequeños emprendimientos agroindustriales serán castigados con una mayor carga en la contratación formal, que finalmente desincentiva y opta por mantener un empleo no regulado para subsistir.

Un tercer efecto es el de sustitución. Es previsible que las empresas busquen compensar el aumento de costos reduciendo nuevas vacantes o incluso automatizando procesos, lo que significa despidos y más desempleo. El análisis macroeconómico nos ha enseñado que la rigidez, cuando no va de la mano de incentivar la productividad y el equilibrio de costos, se convierte en una trampa. El resultado es previsible: menos contratación, más cautela y una tropa de informales sin respaldo, incluso sin posibilidad de seguridad social. Reformas similares en Perú y Argentina, mostraron un aumento de entre tres y ocho puntos porcentuales en la informalidad tras endurecer normas laborales sin medidas compensatorias.

El cuarto efecto es el traslado a los precios. Empresas con menor capacidad de absorber estos sobrecostos tendrán que trasladarlos al consumidor final, presionando la inflación, especialmente en bienes y servicios con alta intensidad de mano de obra como restaurantes, el transporte urbano y el turismo.

Cuando contratar se vuelve un lujo, despedir un castigo y emprender una amenaza, el instinto natural es evadir. El mercado laboral colombiano no necesita una muralla de leyes idealistas en el papel, sino un puente entre legalidad y productividad. El empleo formal no nace por decreto, requiere confianza, reglas claras para invertir y sentido común económico. No se puede obligar al pequeño comerciante de barrio a asumir costos de multinacional, ni al campesino a registrar sobrecargos dignos de capitales que jamás llegarán al campo.

Esta reforma, como muchas, parece sacada del país de las maravillas. Desconoce el sacrificio de sostener una nómina y la angustia del empresario cada fin de mes para lograr pagarla, porque sabe que detrás de ella, sobreviven familias. Lo grave es que en su afán por blindar los derechos, puede terminar dejando a miles sin trabajo. Porque un mercado laboral sin equilibrio no permite el desarrollo económico ni del trabajador, ni de la nación.

La reforma laboral persigue el objetivo legítimo de dignificar el trabajo; sin embargo, en su diseño actual, dificulta la contratación formal y podría erosionar aún más la base de cotizantes al sistema de seguridad social. Ya no se puede desmontar. Se requiere la sensatez del gobierno venidero para buscar el equilibrio entre crecimiento y mejoras para el trabajador: gradualidad, incentivos y apoyo real a la pequeña empresa. Colombia necesita empleo, seguridad para el empleador y no más reformas, necesita generar confianza y no más populismo, usufructuando la necesidad del trabajador.