¿Agencia Nacional de Cannabis?

Uno de los sectores económicos que ha generado mayor expectativa en el país en los últimos años es el cannabis medicinal e industrial. La expedición de la ley 1787 de 2016 y el liderazgo ejercido por el entonces senador Galán, permitió que el país abriera sus puertas a la legalización de la planta para fines medicinales e industriales.

Desde ese momento, inversionistas nacionales y extranjeros de diferente tamaño y con distintas expectativas, iniciaron investigaciones, aproximaciones e inversiones en esta naciente industria, atraídos por las grandes oportunidades competitivas de nuestro país, la variedad de climas, la tradición agrícola y farmacéutica, las buenas prácticas ya aprendidas en sectores como flores, café, banano y palma, así como los resultados de algunos estudios sobre la potencialidad del mercado interno y externo.

Pero este es un sector nuevo y dinámico también a nivel mundial. La certeza sobre el mercado internacional, tanto desde la oferta como de la demanda, es una de las grandes expectativas. Países del vecindario están adelantando procesos ágiles para reglamentar esta industria (algunos aprendiendo de la experiencia colombiana), llevando a que sean posibles competidores (si aprueban la siembra) o mercados potenciales (si aprueban productos con cannabis medicinal, pero no la siembra). Esta realidad obliga a movernos rápido y aprovechar la ventaja de ser pioneros.

Mientras el mercado mundial viene evolucionando, el gobierno colombiano ha fortalecido el marco normativo e institucional que lo regula y lo promueve. Los presupuestos de las entidades que están en la cadena regulatoria han sido ajustados para atender el impredecible número de solicitudes. Los ministerios de Salud, Justicia, Agricultura y Comercio, así como el Invima, el Fondo Nacional de Estupefacientes, Procolombia, Colombia Productiva, Dian y Policía Nacional, entre otras, han implementado procesos y adelantando capacitaciones para atender la gran demanda de tramites e información que solicitan empresas interesadas en participar en algún eslabón de la cadena de valor.

Sin desconocer estos grandes esfuerzos, se debe analizar la necesidad que la industria cuente con una propia institucionalidad, la cual permita unificar los esfuerzos públicos, articular con el sector privado una estrategia de consolidación, liderar el conocimiento, la investigación, y la implementación de procesos eficientes de licenciamiento como la acertada puesta en marcha del MICC: es decir, una entidad que recoja las competencias y funciones que permita la ley, para timonear la industria.

Proponemos la creación de la Agencia Nacional de Cannabis Medicinal e Industrial, entidad especializada en el tema y cuyo objeto misional sea promover esta industria, así como controlarla, regularla, liderar buenas prácticas que sean referencia mundial e implementar una política social que permita la inclusión de pequeños productores con altos estándares al mercado.

Es una invitación pensar en una nueva institucionalidad, sin desconocer el esfuerzo y dedicación que desde diferentes fronteras vienen haciendo en forma asertiva funcionarios públicos comprometidos con el desarrollo de la industria; pero la potencialidad que puede lograr este nuevo renglón de la economía nacional y la experiencia lograda por las Agencias en el desarrollo de otros sectores puede ser aprovechada para la consolidación de esta naciente industria.

Una institucionalidad fuerte y especializada, articulada con empresarios, investigadores y emprendedores, traerá mayores eficiencias y contribuirá en forma importante a que el país sea líder mundial en la producción y exportación de cannabis medicinal e industrial y sus derivados elaborados con las mejores buenas prácticas, aumentando el aporte de este sector a la generación de empleo, divisas, negocios y el desarrollo económico local que hoy más que nunca necesita nuestro país.