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En Colombia, la sustracción de áreas de reserva forestal es el procedimiento técnico y administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente levanta, de forma parcial y con carácter temporal o definitivo, la figura de protección legal que pesa sobre una porción de terreno específica. Su propósito fundamental no es habilitar la degradación indiscriminada, sino permitir de manera ordenada el desarrollo de actividades consideradas por la ley como de utilidad pública e interés social. Es reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; sin embargo, lo que fue concebido como una medida extraordinaria para garantizar derechos básicos o infraestructura esencial se ha convertido en el epicentro de uno de los debates ecológicos y sociales más críticos del país.
Las sustracciones ambientales en Colombia no van a desaparecer, pero es claro que el país necesita vías, energía, vivienda y minería. Resolverlas de manera más eficiente no significa aprobarlas más rápido, sino hacerlas bien desde el principio: con reglas claras, ciencia independiente y decisiones que no haya que reversar después.
Hoy las reservas forestales, los páramos, los parques y los títulos mineros se superponen en mapas de diferentes entidades que no coinciden. Eso genera años de trámites, demandas y proyectos que se caen a mitad de camino. Colombia necesita un ordenamiento territorial ambiental único, digital y público, donde cualquier ciudadano, empresa o alcalde pueda ver en segundos qué se puede sustraer, qué no, y bajo qué condiciones.
Es importante invertir el orden del proceso. Actualmente, primero llega el proyecto y después se busca justificar la sustracción. Debería ser al revés: primero se define si el ecosistema es sustituible o no. Se debe exigir un análisis de alternativas reales. ¿Se puede hacer la vía por otro trazado? ¿Se puede usar otra tecnología?
Una sustracción no puede durar 5 o 7 años en el limbo, como ha ocurrido. Eso ahuyenta inversión seria. Se necesita un plazo máximo de 12 meses, con etapas claras, silencio administrativo positivo si la entidad no responde y una ventanilla única entre Ministerio de Ambiente, Anla y Corporaciones Autónomas. Pero eficiencia también significa sanciones: si la empresa no cumple la compensación, se suspende la licencia automáticamente, sin tutela de por medio.
Otro aspecto importante, es resolver lo social al inicio, no al final. La mayoría de los conflictos por sustracciones no son técnicos, son de confianza. Las comunidades se enteran tarde, con lenguaje incomprensible y sin beneficios claros. Cuando la comunidad es socia del monitoreo, el conflicto baja drásticamente.
Las sustracciones no son en sí mismas malas. Colombia necesita vías, energía y desarrollo. Resolver las sustracciones no es un tema de izquierda o derecha. Es un tema de Estado. Si logramos un mapa claro, una evaluación independiente, plazos cumplidos, comunidades desde el inicio y compensaciones reales, ganamos todos: las empresas tienen certeza jurídica, las comunidades tienen voz y el país deja de perder su patrimonio natural a pedacitos. La eficiencia ambiental no es hacer más rápido lo mismo de siempre, es hacer bien lo que hacemos mal.
La inversión fija estuvo impulsada por la ejecución de obras civiles deportivas, la culminación de proyectos y las mayores importaciones de maquinaria y equipo
Sobre esa base, y considerando las perspectivas de inflación y los escasos avances en productividad, un incremento del salario mínimo alrededor del 7% constituye un techo prudente para la discusión
Prospectivamente hablando, es complejo proyectar las rentabilidades esperadas tanto del S&P500 como de las Magníficas-7. En general, la economía de los EE.UU. atraviesa por un buen momento y se tendría crecimiento del 2% en 2027, similar al de 2026