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Analistas 17/11/2026

El loco 38%

Jonathan Malagón
Presidente de Asobancaria
JONATHAN-MALAGON
La República Más
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La negociación del salario mínimo para 2027 se desarrollará en un entorno económico particularmente complejo. El incremento de 23% decretado para 2026 representó un ajuste real extraordinario. Si bien fortaleció los ingresos de quienes reciben este salario, también elevó los costos laborales y generó nuevas presiones sobre la economía. Por esto, la discusión de este año tendrá un margen de concertación más estrecho y exigirá ponderar cuidadosamente sus efectos sobre la economía.

Uno de los principales desafíos se encuentra en el mercado laboral. En 2025, cerca de 11,4 millones de personas, equivalentes al 48% de los ocupados, recibían ingresos inferiores a un salario mínimo. En el último año, el número de ocupados con ingresos inferiores a un salario mínimo aumentó en más de dos millones, por lo que hoy más de 13 millones de colombianos se encuentran en esta situación. Aunque esta realidad responde también a factores estructurales, como la baja productividad y las dificultades de formalización, el fuerte incremento salarial de 2026 ha acentuado esta problemática. Cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación y la productividad, aumentan los costos de contratación y las empresas, especialmente las pequeñas, enfrentan mayores dificultades para generar empleo formal. Esto amplía las barreras de acceso al mercado laboral, particularmente para jóvenes y trabajadores menos calificados.

El comportamiento de los precios constituye otro factor determinante. En Colombia, la indexación se ha convertido en uno de los principales factores de persistencia inflacionaria. Los incrementos del salario mínimo no se limitan al ingreso de los trabajadores que lo reciben, sino que se trasladan a distintos bienes y servicios. Esto genera presiones adicionales sobre los precios, dificulta la reducción de la inflación y, por consiguiente, limita el espacio para disminuir las tasas de interés, lo que encarece el financiamiento de hogares y empresas, limita la inversión y resta dinamismo a la economía.

A estos desafíos se suma la situación de las finanzas públicas. El Carf estimó que el incremento salarial de 2026 aumentaría el déficit fiscal en al menos $5,3 billones durante este año y $8 billones a partir de 2027. Este efecto responde al mayor gasto en pensiones y salarios públicos, así como a menores ingresos tributarios asociados al incremento de los costos laborales. Estos compromisos reducen aún más el margen del Estado para atender otras prioridades, en un escenario de restricciones fiscales y mayores necesidades de financiamiento.

En medio de esta discusión, algunos sectores sindicales han puesto sobre la mesa incrementos de dos dígitos para 2027, que incluso alcanzarían el 38%. Una cifra de esta magnitud estaría muy por encima de una inflación proyectada cercana al 6,7% y de una productividad laboral prácticamente estancada, en un contexto de bajo crecimiento económico que limita la capacidad de las empresas para absorber nuevos aumentos de los costos laborales. Un ajuste de esta naturaleza podría profundizar la informalidad, generar nuevas presiones sobre los precios, dificultar la reducción de las tasas de interés y agravar las restricciones fiscales, con efectos adversos sobre los mismos trabajadores que busca beneficiar.

De cara a la concertación, el desafío consiste en equilibrar la protección del ingreso con las condiciones necesarias para sostener y ampliar el empleo formal. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella cuenta en los ministerios de Hacienda y del Trabajo con capacidades técnicas valiosas para orientar este proceso con rigor y disposición al diálogo.

Sobre esa base, y considerando las perspectivas de inflación y los escasos avances en productividad, un incremento del salario mínimo alrededor del 7% constituye un techo prudente para la discusión. Tenemos la responsabilidad de alcanzar un acuerdo que preserve el poder adquisitivo y contribuya a la estabilidad macroeconómica, al tiempo que amplíe las oportunidades de empleo formal. De ello depende que la mejora del ingreso sea sostenible y llegue a más colombianos.

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