Tuve la oportunidad de seguir las audiencias públicas del Comité Judicial del Congreso de los Estados Unidos en el proceso de elección de la juez Amy Coney Barret como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de ese país, y de este proceso se deducen importantes lecciones para Colombia. Los magistrados a la Corte Suprema de ese país son nominados por el Presidente y ratificados por el Senado. Los magistrados son vitalicios y existe un sistema bipartidista en el Congreso.

Estas últimas consideraciones son importantes porque existiendo una sola Corte de magistrados vitalicios, el poder y la influencia de los magistrados es mayor y de largo alcance, mientras que las líneas partidistas están claramente definidas en términos ideológicos. Lo anterior significa que el rumbo de la nación en temas controversiales se dirime con los evidentes sesgos ideológicos de los magistrados que han sido elegidos por un Senado con una mayoría de un partido determinado. La elección de un Magistrado es tema de debate nacional y se transmite en directo por las principales cadenas de televisión y en el caso de la nominación de la juez Barret, conservadora y nominada por los republicanos, esto es particularmente cierto dado que reemplaza a la juez Ruth Bader Ginsburg de tendencia liberal.

La primera lección se deduce desde luego de la claridad en la división ideológica resultante de una existencia de partidos fuertes, serios y con claros principios. Eso fue evidente en las audiencias, ya que las preguntas que formulaban tanto una bancada como la otra tenían posiciones claras respecto a temas como el aborto, el reconocimiento de la diversidad sexual, el matrimonio gay, las confrontaciones raciales, entre muchos otros. Ello no es posible en Colombia pues no tenemos partidos que se diferencien en líneas ideológicas sino facciones de derecha e izquierda simbolizadas en caudillos, más que en partidos y con diferencias fundamentalmente en el papel intervencionista del Estado.

Una segunda gran lección se desprende del nivel de escrutinio que hacen los senadores de los antecedentes del nominado. Realizan una detallada revisión de sus posiciones en todos sus fallos como jueces y escritos académicos, de manera que al ser públicas las audiencias el país conoce la posición ideológica del candidato. Aquí hay dos lecciones más. Una primera, el nivel de investigación que realizan los senadores sobre el candidato, lo que no se hace en Colombia, y otra, que el país logra conocer en detalle el comportamiento esperado del magistrado. En nuestro medio no se conoce ese nivel de detalle sobre los nominados a las cortes y basta con la referencia de “honestidad”, que más que una virtud debería ser un prerrequisito.

Un tercer tema que se evidenció en las audiencias es que el papel de la Corte es interpretar y defender la Ley, no formular políticas, asunto que corresponde al Congreso y al Ejecutivo. No es así en nuestra patria querida. Los jueces cada vez formulan más políticas sobre cómo se deben manejar las manifestaciones o que créditos debe otorgar el Estado a compañías en problemas. La política pública no debe estar en cabeza de los jueces, a ellos tan solo corresponde determinar si esa política se ajustan o no a Ley y a la Constitución.

La gran lección es que debe haber partidos fuertes, más transparencia en la elección de nuestros magistrados, y más claridad en las funciones de las diferentes ramas del poder.