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Es sorprendente que hoy tengamos menos discusiones políticas con amigos, colegas o personas cercanas, justo en un año electoral. No porque falten temas, sino porque el algoritmo se encargó de hacerlas innecesarias. Cada quien recibe su propia versión de la política, diseñada para confirmar lo que ya piensa, no para contrastarlo con otros.
En Colombia, la política no se volvió menos intensa, se volvió más personalizada. Ya no se comunica de forma abierta y homogénea, sino a través de mensajes diseñados por datos, segmentados por edad, territorio, emociones y estados de ánimo. El resultado es una conversación fragmentada, silenciosa y con pocas reglas claras, donde cada ciudadano habita su propia burbuja informativa.
Esto también ayuda a explicar la polarización que se ha profundizado en los últimos años. Cuando cada persona recibe información distinta, narrativas distintas y diagnósticos distintos del país, el espacio común para el desacuerdo razonado se reduce. No discutimos menos porque estemos de acuerdo, sino porque no partimos de los mismos hechos. El algoritmo no crea la polarización, pero sí la organiza, la amplifica y la hace persistente.
Según cifras del Ministerio TIC y del Dane, más de 75% de los colombianos usa redes sociales de manera activa, y WhatsApp se mantiene como uno de los principales canales de circulación de información política informal. Al mismo tiempo, la inversión en publicidad digital en campañas electorales crece elección tras elección, desplazando a los medios tradicionales y a los eventos presenciales. La conversación política ocurre cada vez más en espacios privados, cerrados y difíciles de auditar.
Este contexto cambia por completo la lógica del mensaje. Antes, un candidato decía lo mismo para todos. Hoy, dice cosas distintas según el perfil que el algoritmo construye del votante. Al joven urbano le habla de oportunidades, al comerciante de impuestos y al votante inconforme de responsables claros. Todo está optimizado para generar reacción, no necesariamente para explicar propuestas o sostener debates de fondo.
Muchas campañas están usando la misma lógica del mercadeo comercial: segmentar audiencias, testear mensajes, medir interacción y optimizar resultados. El tema es que en marketing, una mala segmentación solo cuesta dinero. En política, cuesta deliberación pública y empobrece la discusión colectiva.
Y así, las campañas hablan de “escuchar a la gente”, pero muchas decisiones se toman con métricas de redes confundidas con opinión pública, encuestas rápidas sin contexto y datos cuya procedencia pocas veces se discute.
Investigaciones internacionales sobre microsegmentación política y plataformas digitales, desarrolladas por organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, muestran que estos modelos refuerzan burbujas informativas y reducen la exposición a ideas distintas. No siempre por mala intención, sino porque el algoritmo premia lo que confirma creencias y penaliza lo que incomoda.
En este escenario, el votante deja de ser tratado como ciudadano y pasa a ser tratado como usuario. Importa menos convencer con argumentos que mantener la atención y activar emociones. Nada de esto significa que la tecnología sea el problema. El riesgo aparece cuando la eficiencia reemplaza al debate y la segmentación sustituye la conversación pública, debilitando el espacio común donde se construye la democracia.
La aplicación efectiva de esta normativa en todo el país es fundamental para evitar que, por falta de control y educación, se siga extendiendo el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre los niños y niñas