La libertad no puede ser privilegio de clase

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Hace unos días leí en X un trino de la intelectual colombiana Olga Lucía González: en un colegio público, la profesora de religión les enseñó a sus alumnos el Ave María, el papá de una alumna interpuso una tutela y, por supuesto, la ganó. Lo primero que pensé no fue en ese papá, sino en el resto. En ese salón, estadísticamente, había familias católicas, seguramente cristianas, quizás de otras religiones.

Con el fallo del juez, el deseo de un padre quedó por encima del deseo de todos los demás. Habrá razones legales, y los amigos del positivismo jurídico recitarán que Colombia es un Estado laico y que la Corte dijo tal cosa. Son los mismos que se escandalizaron porque el presidente De la Espriella hizo un retiro espiritual con su gabinete y le regaló una biblia a cada ministro. Para ellos, la fe del poderoso es intolerable y la del pobre, prohibible.

Pero el tema no es religioso. Es de libertad. Cuando el Estado administra la educación y decide el currículo, el aula se vuelve un juego de suma cero: para que prevalezca la convicción de una familia hay que aplastar la de las otras. Y la famosa “neutralidad estatal” no existe: ningún currículo es neutro, todos transmiten una visión del mundo. El Estado no educa en la neutralidad, impone su escala de valores oficial por encima de la de las familias. Por eso el fallo no resolvió nada. Lo único que hizo el juez fue decidir cuál de esas voluntades se impone y cuáles deben callar y obedecer.

Esto además tiene un problema moral. Yo escogí para mi hijo una educación católica, en un colegio privado, porque al parecer solo quienes tenemos ingresos altos podemos tener libertad. Las familias de menores recursos, que están condenadas a la educación estatal, están obligadas a aceptar, con la cabeza abajo, lo que un grupito decidió que es lo mejor para sus hijos. Vaya paradoja: que los que se proclaman los más bondadosos con los pobres son los que los tratan como familias sin agencia, incapaces de escoger, necesitadas de unos sabios estatales que elijan por ellas. Ese paternalismo no es bondad, es desprecio con presupuesto público.

Esto tiene solución, y es posible devolverle la dignidad a los más pobres y la agencia para poder escoger libremente la educación que quieren para sus hijos. Colombia tiene que dejar de subsidiar la oferta para subsidiar la demanda. Hoy el presupuesto estatal de educación va a estructuras, burocracias y sindicatos, cambiemos esto por un cheque educativo o voucher que se entrega directamente a los padres, para que elijan el colegio - público, privado, religioso, laico, técnico - que responda a sus convicciones. Los colegios dejan de obedecer al ministerio y empiezan a competir por las familias: el malo mejora o cierra, el bueno prospera y se expande. Y el conflicto se disuelve solo: el papá ateo lleva su cheque a un colegio laico, el católico al suyo, y nadie necesita un juez para aplastar al vecino.

El presidente De la Espriella propuso en campaña devolver la enseñanza religiosa a las aulas públicas. Entiendo el impulso, pero es la misma moneda del fallo, lanzada por la otra cara: hoy un juez le impone el laicismo a las familias creyentes; mañana un ministerio le impondría el catecismo a las que no creen.

La salida no es voltear la imposición sino disolverla, a través del bono escolar. Que cada familia eduque a sus hijos en lo que cree no puede ser un privilegio de clase. Que el pobre pueda lo que hoy solo puede el rico: eso, y no otra cosa, es igualar.