La Petro-intoxicación de Colombia

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Los gobiernos dejan carreteras, leyes, déficits o superávits. Pero también dejan algo mucho más profundo: una manera de entender la convivencia. Los verdaderos daños de un proyecto político no siempre aparecen en las estadísticas; muchas veces permanecen instalados en la cultura cívica de una sociedad. Si hubiera que llamar a un toxicólogo para evaluar los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, probablemente concluiría que la intoxicación más difícil de superar no es económica sino antropológica.

La lista es larga. Comienza por el ejemplo. Un gobernante no educa únicamente con sus discursos; educa, sobre todo, con su conducta. La desafortunada expresión “yo no lo crié”, pronunciada al referirse a su hijo cuando estalló el escándalo judicial que lo involucró, proyectó una imagen de la paternidad como desvinculación de la responsabilidad.

Otro veneno fue la naturalización de la mentira como instrumento de la política. Durante estos años los colombianos asistimos con demasiada frecuencia a intervenciones públicas en las que cifras, hechos y argumentos parecían acomodarse a la conveniencia del momento. Cuando la verdad pierde valor, el debate democrático también lo pierde. Y, sin hablar de los daños que ello ha causado a sus propios militantes, resulta preocupante observar cómo muchos terminaron respaldando acríticamente cualquier afirmación presidencial, renunciando al ejercicio de razonar, contrastar y cuestionar.

A ello se sumó el deterioro de la cultura del mérito. La flexibilización de requisitos para numerosos nombramientos diplomáticos transmitió el mensaje de que la cercanía política podía ser más importante que la preparación profesional. Y eso sin hablar de los escándalos conocidos en los últimos días, que han alimentado la percepción de que los atributos físicos o las relaciones personales pudieron pesar más que la competencia profesional en algunos nombramientos oficiales.

Resulta igualmente contradictorio que un gobierno que hizo de la inclusión una de sus principales banderas terminara protagonizando episodios de expresiones descalificadoras hacia mujeres y miembros de comunidades afrodescendientes. Casos como el de Olga Lucía Acosta, integrante de la Junta Directiva del Banco de la República, fueron particularmente desafortunados. Y qué decir de los enfrentamientos públicos con la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Pero el daño más profundo quizá haya sido otro: sembrar el resentimiento como método de gobierno. La permanente descalificación de empresarios y empleadores alimentó una lógica de confrontación entre colombianos. Será necesario recuperar la verdad frente a la mentira; la responsabilidad frente a la excusa; el mérito frente al favoritismo; el respeto frente a la descalificación; y la colaboración frente al odio de clases.
Desintoxicar al país será una tarea lenta. No corresponderá únicamente al próximo gobierno. Será responsabilidad de las familias, de las escuelas, de las universidades, de los medios de comunicación, de las empresas y de todos los ciudadanos. Porque las heridas antropológicas no cicatrizan con decretos.