El Estado se está comiendo a Colombia

Hace unos días estuvo en Medellín Dan Mitchell, economista y por años investigador senior del Cato Institute, uno de los hombres que más sabe en el mundo de política fiscal. Vino invitado por Libertank y nos dejó una regla de oro que resume la causa por la que los países se enriquecen: el sector privado debe crecer más rápido que el gobierno. Eso es todo. Si la economía corre más que el gasto público, el Estado pesa cada vez menos y la sociedad respira; si el gasto corre más que la economía, el Estado se va comiendo al país que lo financia. No hay que ser doctor en Hacienda Pública para entenderlo.

En Colombia, sin embargo, esta verdad tan simple parece imposible de asimilar. Entre 1995 y 2025, la economía se multiplicó por 2,7 en términos reales. En ese mismo periodo, el gasto del gobierno Nacional, que era cercano a 12% del PIB, llegó a 23%: se multiplicó por 5,2. La torta se hizo 2,7 veces más grande y la tajada del Estado se hizo 5 veces más grande. Durante treinta años, el Estado corrió al doble de la velocidad del país. Y el año pasado batió su propio récord: la economía creció 1,7% y el gasto creció 8%, cuatro veces más rápido.

Todo aumento del gasto público es un aumento equivalente de impuestos, cobrados hoy o endosados a las siguientes generaciones. En economía esto se conoce como la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno: el valor presente de todo el gasto público futuro debe ser igual al valor presente de todos los ingresos futuros. El Estado tiene solo tres formas de financiarse: impuestos directos, deuda e inflación. El gasto de hoy es el impuesto de mañana.

De ahí la segunda ley de Mitchell: el déficit siempre es un problema de gasto.
“Siempre que hay un deterioro fiscal, la causa es el exceso de gasto; siempre que hay una mejora fiscal, la razón es la contención del gasto”.

A primera vista parece una petición de principio: si el déficit es gasto menos ingresos, ¿por qué la culpa sería siempre del gasto? La respuesta está en una asimetría estructural entre ambas variables. Los ingresos del Estado están amarrados a la realidad, mientras que el gasto depende del capricho político. El recaudo es un porcentaje de lo que el sector privado produce, y no se puede subir a la fuerza porque tiene límites infranqueables: el techo económico (tarifas más altas encogen la base), el administrativo (evasión y elusión) y el político (el contribuyente protesta o se va). Por eso los ingresos se mueven dentro de una banda estrecha. El gasto, en cambio, es la variable suelta por excelencia: se decreta con un lapicero, se vende como compasión y se expande sin freno. Cuando dos variables se desequilibran -una amarrada al tejido productivo y otra suelta-, la culpa jamás es de la amarrada.

Pocos países han puesto a prueba la ley de Mitchell con la disciplina experimental de Colombia. Desde 1990, el Congreso ha aprobado 21 reformas tributarias intentando cerrar una brecha que la adicción al gasto reabre de inmediato. La lección es indiscutible: el problema fiscal colombiano no es de falta de ingresos, sino de un apetito estatal desmedido. Si el gasto público no frena su marcha por debajo del crecimiento del tejido productivo, no habrá reforma tributaria que alcance. O nos ponemos serios a ajustarle el cinturón al Estado, o estaremos condenados a ser un país mediocre y pobre.