Retos agroambientales

La política agropecuaria de un país se convierte, en su aplicación, en una gran parte de su política ambiental. De hecho, en sus orígenes, la institucionalidad ecológica era parte del Ministerio de Agricultura: el Inderena, el Inpa, Conif, hoy olvidados o transformados en institutos de investigación, corporaciones regionales e incluso en ONG la última (señal de la lucha que algunos quijotes mantienen para que la planificación e investigación forestal sobreviva en un país de bosques, que no lo asume), compartían responsabilidades con el Incora, el Idema y la Caja Agraria. Hoy poco queda de ello, demostrando que se ha creado un imaginario tremendamente fragmentado e inconveniente en la gestión del desarrollo rural y sus territorios, pues si la fauna silvestre, por citar solo un ejemplo, no es reconocida como parte de los sistemas productivos y modos de vida del campo, es imposible apropiarse y valorar los servicios ecosistémicos que de ella se derivan, ni construir una ética de convivencia gozosa con arañas, monos y cocodrilos. Los Parques Nacionales se han convertido por ello mismo en cárceles inviables, donde los animales sobreviven en arresto domiciliario…

Varias cosas habría que abordar si queremos una política integral que reúna las principales conexiones entre lo agropecuario y lo ambiental. La primera, y más importante, reconocer que los sistemas productivos de cualquier país son socioecosistemas, es decir, requieren ser pensados ecológicamente y con gente. Parte de la pérdida de competitividad del campo y de las razones del paro que va viene, es expresión del deterioro acumulado de la biocapacidad del territorio (suelos, aguas y gentes intoxicados, equilibrios microbianos destruidos, funcionalidad ecológica mutilada). Pareciera obvio, pero vamos en contravía: apenas si existe una visión productiva que reconozca la diversidad de ecosistemas, culturas y modos de producción del país. Cultivar plátano es algo que se piensa casi igual para el Urabá que para el Quindío o el Meta, para los embera o para los campesinos del Ariari. El pensamiento simple confunde deliberadamente eficiencia y rentismo con sostenibilidad y con ello arrasa con territorios y con gentes. Tenemos 20 millones de vacas donde no toca, y poco avanza la idea de duplicar el hato reduciendo a la mitad los pastizales, según planteó el gremio hace años para liberar 20 millones de hectáreas que serían hoy más que suficientes para la reinvención de lo rural.

Las otras cinco cosas o retos, imposibles de tratar acá en profundidad, tienen que ver con la inclusión de criterios ambientales en todas las dimensiones del desarrollo agropecuario, entendido este también como forestal y acuícola, y más aún, como desarrollo rural sostenible. Los modos y caminos de innovación tecnológica y de difusión, la distribución de la propiedad y responsabilidades de la tenencia, el tipo de crédito y los instrumentos financieros o legales, la política fiscal y de incentivos (ojalá nunca subsidios, o al menos agroingreso seguro para los más necesitados, no los menos), y la organización social y el bienestar de la población rural son todos aspectos que requieren una profunda reforma con visiones de equidad e integridad ambiental, más allá de agendas de buena voluntad.

El campo necesita multiplicidad de formas y modos de vida y producción, así como una organización territorial distinta, sin credos ni dogmas. Necesitamos diseñar nuevos paisajes que confronten los riesgos del monocultivo en grandes extensiones y confinen la agroquímica a espacios con suficiente biocapacidad para absorber su huella ecológica. Necesitamos darle nueva vida a la complejidad de los sistemas de vida indígenas o locales y promover la innovación adaptativa entre ellos, pues tanto empresarios como pequeños productores nos dirigimos de cabeza al caos climático. En muchos planes aún se habla de metas lineales a 20 años, como si en ese plazo el planeta fuese a “mantener condiciones constantes”, el supuesto suicida de la mala planificación. Necesitamos por eso reconvertir nuestras malas prácticas productivas en páramos y humedales (con o sin delimitación formal), incluso en los fondos marinos devastados por el arrastre, y revisar todos los conflictos intersectoriales con visión de sostenibilidad: minas que destruyen aguas de riego, plantaciones ineficientes en suelos cuyo valor minero energético sería prioritario para la sociedad. 

En síntesis, necesitamos un minagricultura y unas secretarías departamentales que se confundan con la institucionalidad ambiental, entendiendo que operan en territorios complejos donde no son los escarabajos ni los bancos los únicos actores que definen su viabilidad. Necesitamos mosaicos y sistemas complejos agroambientales, no solo llenos de vida sino de sentido de pertenencia y ánimo de persistencia, dentro de los umbrales de viabilidad que impone disponer de un solo planeta para compartir.