¿Quién paga?

El cambio en los ecosistemas sucede permanentemente, inducido o no por los seres humanos. A veces es negativo: persistente e irreversible, fugaz, de pequeña escala pero intenso como en el reciente accidente petrolero o de gran escala y muy difícil de revertir como en el caso de la destrucción de un páramo, la erosión de las sabanas o la mutilación criminal de las selvas del Guaviare. Puede provenir de muy lejos en el tiempo o el espacio y globalizarse, como en los casos del cambio de composición atmosférica del planeta (producido por los países del norte) o de la acumulación de plásticos en los océanos.

El cambio ambiental no es negativo en sí mismo, de hecho, la existencia de la humanidad y su crecimiento constituyen un factor atípico e incomparable de transformación ecológica del globo, irreversible ya, pero que nos ha traído hasta un presente también lleno de bondades. Lo que se cuestiona hoy es la distribución asimétrica de sus riesgos y efectos cuando son negativos, estudiada por la economía ambiental, las ciencias de la sostenibilidad y la ecología política. Como nadie debería ver reducido su bienestar por causa de las modificaciones deliberadas o accidentales de la matriz ecosistémica de la cual se deriva su sustento, la pregunta operativa para las sociedades en competencia o cooperación parece centrada en el título de esta columna. Al final, sabemos, todos pagamos, pero a través de diversos medios y no necesariamente de manera proporcional: monetariamente bajo la forma de impuestos directos o indirectos, de precios modificados en mercados certificados o no, e indirectamente, bajo la forma de disminuciones conscientes o inconscientes del bienestar, un problema que implica aspectos objetivos y subjetivos.

¿Quién paga el deterioro del aire y los costos adicionales de salud causados por la contaminación urbana? ¿Quién la limpieza de los ríos con lechos saturados de mercurio y heces fecales? ¿Quién los efectos nutricionales derivados del colapso de las pesquerías o de la diversidad genética causados por las prácticas agropecuarias inadecuadas? ¿Cómo se deduce el efecto positivo del “buenvivir” actual de la cuenta de pasivos ambientales?

La pregunta requiere un análisis cuidadoso de las responsabilidades históricas encadenadas de todos los actores de la sociedad. En algunos casos es factible establecer rápidamente las circunstancias y generar la factura, como en La Lizama donde la empresa asume la responsabilidad. Cuando el terrorismo vuela el oleoducto, no pasa igual. A menudo no existe solución evidente y hay que transar un nuevo equilibrio que implica una negociación política (el caso de la agricultura o la pequeña minería en los páramos) que los candidatos electos o por elegir deberían incluir en sus consideraciones económicas y sociales acerca de la distribución de los efectos positivos y negativos de las transformaciones ecológicas del país, pues las ineficiencias que persisten en la gestión ambiental y productiva de los servicios ecosistémicos (por ejemplo el agua en el agro) y aquellas derivadas de los pasivos huérfanos serán cada vez más determinantes.

En las interpretaciones de la historia se puede ver la simplicidad o sofisticación con la que se entienden las responsabilidades ambientales, no sólo en modo de culpabilización como la indignación mediática privilegia, sino de perspectivas reales de revertir la insostenibilidad.