Este año se celebra en Montreal la reunión 18 del SBSTTA*, creado como mecanismo para construir los acuerdos que los países firman en desarrollo de los compromisos iniciales pactados. Más de 800 documentos técnicos, preparados por expertos, dan lugar a 176 recomendaciones formales, convertidas en desarrollos de la Ley 165 de 1995, con la cual Colombia adhirió a la CBD, uno de los acuerdos globales más sonados e importantes de la historia contemporánea.
¿Qué queda de este esfuerzo, patrocinado con impuestos de los ciudadanos, costoso en tiempo, recursos humanos y dinero (y la huella de carbono de viajes de las delegaciones)? ¿Cuántos colombianos, miembros de ONG, funcionarios, inversionistas, organizaciones étnicas, ciudadanas, religiosas, han revisado este caudal de material y lo han incorporado en su quehacer cotidiano? ¿Cuántos tomadores de decisión? ¿Lora ambiental?
Un acercamiento a la realidad permite apreciar muchas iniciativas locales y regionales (donde la biodiversidad se manifiesta) que se vienen consolidando incluso antes de que el CBD fuese firmado, y persisten pese a su invisibilidad y la progresiva destrucción de capacidades que enfrentan: pareciese que a medida que el Estado asume una política ambiental, la gestión se paraliza, la inmovilidad se adueña de los procesos y la frustración es total. La paradoja de la (in)gobernabilidad crece y entre más documentos, normas y decisiones, menos cosas pasan. El caso de Colombia no es excepcional: muchos procesos funcionaron, hasta que, en su benevolencia, llegó la “dimensión ambiental” del Estado, fragmentaria, desarticulada, contradictoria, a “modularlos”. A dar lora.
Y no la lora de las organizaciones ambientalistas, cuyas expresiones de resistencia son fundamentales en una democracia, sino la de un sector que tiene regulado y organizado todo y naufraga en las contradicciones de una retórica que llega a convertirse en anexo de los documentos Conpes, inciso de un código, mero trámite o inversión de presupuestos de publicidad. Tampoco la lora de los organismos multilaterales, así estos acojan las experiencias de los países para retroalimentarlas, ni la del derroche de normatividad al que estamos acostumbrados en Colombia, que impone una administración mendicante a unos parques nacionales lejanísimos, sino en la que el país completo define dónde, cómo y a qué costo se designan áreas de reserva natural, las formas de acceso y uso del suelo, y las reglas generales de producción. Más bien es en la Ley de Tierras, con músculo financiero, políticas de crédito, subsidio o precios de sustentación, adopción de unidades productivas familiares, o prácticas de innovación tecnológica, donde se define la suerte de la biodiversidad…y de la economía que depende de ella.
Habría que revisar cómo Finagro, Findeter, Corpoica o Incoder reaccionan cuando se afirma que de los servicios ecológicos depende la viabilidad del sector, o cuán diferente es esa perspectiva en Cenicafé, Cenipalma o Fedegán. En otras palabras: los compromisos con que se conjuró el paro cafetero, o el lechero y arrocero por venir, y la bolsa efectiva de recursos de hacienda para compensar momentáneamente a los productores, compiten con la gestión de la información socioecológica y la articulación intersectorial eficiente, inversiones que permitirían hablar de menores costos en insumos, contaminación y riesgos ante el cambio global. La protección de la biodiversidad no se parece en nada a una tarea de científicos extravagantes, ni un flujo infinito de consejos y lemas institucionales, más bien a una experiencia que se está implementando en centenares de proyectos corporativos o comunitarios, públicos y privados, lamentablemente desarticulados, a veces abandonados. Proyectos que debemos reconocer, para construir lenguajes incluyentes, donde requerimos retener aprendizajes, promover coordinación institucional, y un uso democrático y vigilado de los recursos financieros, que no son tan escasos… La lora ambiental debe cambiar.
*Órgano del Convenio de Biodiversidad para el Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico
