Derogar las Appa

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Si de fomentar la seguridad y la soberanía alimentaria se tratara, la invención de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) ha sido una de las alternativas más ineficientes y contradictorias a sus nobles propósitos. En principio, nadie debería oponerse a que Colombia recupere su capacidad de proteger a las comunidades rurales para alimentar sanamente a toda su población, sin necesidad de destinar ingentes recursos para importar maíz, por ejemplo, porque la producción nacional apenas cubre 15% de la demanda.

Para empezar, las Appa, creadas por resolución durante el gobierno anterior (ya cubren más de un millón de Ha en 55 municipios), son un golpe de estado al ordenamiento territorial, en la medida en que, como determinantes, vacían de competencias a todas las instancias que previamente intervenían en el proceso. Es tal el exabrupto, que se plantea dirigir desde el ministerio de agricultura el tipo y forma de producción a escala predial: el ejecutivo, en su infinita sabiduría, sabe más que todo el mundo cuando se trata de definir la vocación de uso del suelo a la escala más ínfima. Al menos eso revela una lectura cuidadosa del documento del Appa Jericó, por ejemplo. Una mala idea que ha conducido a pueblos enteros a la hambruna y el desastre ambiental, y que podría ser igualmente letal en un país tan heterogéneo como Colombia. Un modelo dictatorial.

Como si eso no fuera poco, las Appa han sido declaradas curiosamente en áreas donde la administración ha manifestado su claro repudio, sin sustento, a otras modalidades de uso del suelo. Se ha venido aduciendo que el aprovechamiento regulado de oro, cobre y otros metales, para no meternos en la discusión del carbón, es incompatible con la producción de alimentos, lo cual no ha sido demostrado en ninguna parte. Todo lo contrario, los buenos proyectos mineros pueden hacer por el campo mucho más que los esfuerzos pírricos de un Estado desfinanciado: las obras por impuestos y las asociaciones público-privadas lo han demostrado.

Las Appa, para cerrar, desconocen también toda la ciencia y el conocimiento técnico, incluso el ancestral de las comunidades, para designar sus áreas de revolución productiva: no consideran el trabajo de décadas del Igac en relación con la aptitud y vocación de los suelos (que confunden), ignoran el sistema de áreas protegidas y las posibilidades que ya existen de proteger el suelo agrícola (el ejemplo más claro es el Distrito de Manejo de Suelos de Tibaitatá, en plena Sabana de Bogotá; hay otros 21 en el país), y sobre todo, intentan borrar de un plumazo todo lo que los departamentos, con dificultades, vienen tratando de hacer para fomentar la producción de alimentos.

Cierto, el campesinado y las comunidades rurales han sido la gran víctima de la mala planificación y el conflicto, pero las Appa solo remachan el cajón: una solución centralista sin ciencia ni participación, a la mejor manera de una forma de pensar que aparentemente no quiere aprender nada de la historia. Ojalá podamos ver una verdadera revolución del uso del suelo en el país revisando urgentemente las leyes del POT para que todos los municipios puedan avanzar, con menos costos, en el manejo de lo rural y de la conservación, las CAR lo integren en sus planes de seguridad ambiental territorial y las agencias de minagricultura en la planeación productiva, que debe incluir de una vez por todas el concepto de servicios ecosistémicos para ser sostenible.