Bioeconomía forestal Amazónica: oportunidad del nuevo gobierno

Demostrar que las selvas en pie son un activo más productivo que cualquier alternativa basada en su desaparición es el reto de la bioeconomía. Y también del nuevo gobierno, porque los pasivos ambientales de la deforestación crecen y se hacen evidentes en los eventos climáticos extremos, las pérdidas de productividad de todos los sectores por destrucción de servicios ecosistémicos y la pérdida de oportunidades futuras. Hace mucho sabemos que, si corrigiéramos la cifra del PIB con el costo del deterioro, el panorama sería distinto: entre 5% y 20% menor, según la fuente; hasta 30% si incluimos la crisis climática.

Una economía forestal sana para la Amazonia, por ejemplo, permitiría articular crecimiento económico, desarrollo rural, conservación y acción climática, demostrando que proteger el bosque al usarlo sosteniblemente genera bienestar, empleo e inversión para quienes habitan el territorio, sean pueblos indígenas o población campesina, si se trabaja con enfoque de cadenas de abastecimiento, mejoramiento de las eficiencias productivas y circularidad.

Hace pocas semanas Corpoamazonia autorizó la concesión “Paraíso Amazónico” del Bajo Caguán, con un área de manejo de 23.037 ha de selva, de las cuales 22.051 están habilitadas para aprovechamiento maderable selectivo (no un arrasamiento general de la cobertura, mucho menos para las tradicionales vacas) y 986 para manejo sostenible de productos forestales no maderables legales (frutas, resinas, extractos vegetales, aceites), en una vigencia de 30 años (ojalá les hayan autorizado la cacería de subsistencia también). Se crean condiciones reales para la inversión de largo plazo y la consolidación de cadenas de valor para las 70 familias agrupadas en Asobiocam, ubicadas en una de las zonas más complejas del conflicto armado colombiano.

El manejo sostenible del bosque incluye la extracción controlada de varias especies de madera valiosa, en ciclos de rotación largos, y el aprovechamiento de la palma canangucha (Mauritia flexuosa), que abre oportunidades de negocios en la industria alimentaria, cosmética y de bienestar con productos transformados de alto valor agregado. La comunidad se hace cargo de la construcción y operación de viveros y bancos de semillas para garantizar la restauración. Además, se espera que los compromisos de conservación, monitoreo y no deforestación sean la puerta de entrada a financiamiento climático (mercados de carbono) y pagos por servicios ecosistémicos, además de universidades y empresas que ayuden a añadir valor a los productos del bosque.

El nuevo gobierno podría asegurar la escalabilidad de las Concesiones Forestales Campesinas, incluso en sus primeros 100 días, si le apuesta a un modelo de productividad rural con una perspectiva de emprendimiento y alianzas público-privadas que recupere la economía forestal colombiana, abandonada por MinAgricultura hace décadas, obligando a MinAmbiente a intervenir, en una clara confrontación de competencias y criterios que no han ayudado en nada a la construcción de territorios sostenibles. ¿Habrá espacio para reformar la arquitectura del gobierno en este sentido?