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Desde el siglo pasado, se comenta que el acceso a financiamiento de personas y empresas impulsa la economía al potenciar la generación de oportunidades y fortalecer la capacidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La inclusión financiera facilita la consecución de siete de 17 ODS, de los que sobresalen el fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades y el trabajo decente y crecimiento sostenible (Banco Mundial, 2022).
En Colombia, desde 2006, el Gobierno Nacional emprendió una estrategia de la mano de la Banca de las Oportunidades que ha permitido la ejecución de iniciativas de inclusión financiera, como la ampliación de la cobertura regional y la creación de productos de ahorro simplificados con menores costos y requisitos de acceso. No obstante, las diferencias marcadas entre los agentes han persistido a pesar del esfuerzo de los gobiernos por minimizarlas a través de políticas en pro del acceso a los productos financieros.
Si nos comparamos con los países de la Ocde, de acuerdo con el Reporte del Global Financial Inclusion Index de 2023, Colombia se encuentra en la posición 39 de los 42 países que la componen. Además, apenas 62,3% de la población se siente incluida en el sistema financiero, comparado con 92,6% de los chinos, o para no ir más lejos, con 81,6% de los brasileños.
Según información del Reporte Especial de Inclusión Financiera del Banco de la República y la Banca de las Oportunidades (2023), en promedio para 2022, 92,3% de los adultos tenían algún producto financiero. Los productos de depósito, como lo son las cuentas de ahorros y los depósitos de bajo monto, eran los más utilizados (91,3%), en comparación de los productos de crédito (36,2%), como las tarjetas de crédito y los microcréditos. Al analizar por área geográfica, se observa que las urbes tienen una absorción al sistema de 30pp por encima de las zonas rurales. Aunque la brecha entre la proporción de personas con créditos entre las zonas no fue tan amplia como en el caso de los depósitos (ver gráfico 1).
En términos empresariales, con información de la Encuesta MiPyme Anif (EMP) 2021-2, se observa que los negocios deben de acudir a otras fuentes de financiación dado que el crédito solicitado en el sistema financiero no tuvo respuesta positiva. Si bien los resultados varían entre los tamaños de las empresas y sectores, la mayoría de los solicitantes no tuvieron acceso a un crédito, o dispusieron de los recursos propios. Adicionalmente, para suplir las barreras actuales, los empresarios acuden al mercado informal: préstamos con familiares, fiadores de barrio y gota a gota, entre otros prestamistas que, a la larga, cobran mayores intereses que el sistema financiero formal (ver gráfico 2).
Ahora bien, bajo una perspectiva de género, las brechas son evidentes. Lo anterior, dado que, si bien las mujeres cuentan con mejor puntaje crediticio frente a los hombres y menores tasas de morosidad, tienen un monto de aprobación menor y mayores tasas de interés, según el Informe Especial de Inclusión Financiera del Banco de la República de 2023. De esta forma, las mujeres resultan con menor acceso a productos financieros, tanto por las barreras del sistema, como por la autoexclusión, ya que en muchos casos ellas mismas no se consideran aptas para acceder a este. El gráfico 2 refleja que los hombres tienen mayor acceso a créditos, independiente de la modalidad utilizada, sin embargo, el sector informal tiene menores sesgos de representatividad hacia las mujeres, dado que la brecha es menor comparada con el sector formal.
Por otro lado, los datos de la EMP sugieren que, aunque no hay diferencias en el porcentaje de uso de las cuentas de ahorros, las mujeres utilizan más efectivo que los hombres, mientras que los hombres tienen mayor preferencia por las cuentas corrientes.
Varios estudios respaldan la importancia de reducir las brechas de género en el acceso a productos financieros para combatir la pobreza, mejorar el bienestar social y fortalecer el crecimiento económico de los países, en línea con los ODS. Por esta razón, es fundamental abordar las barreras y prejuicios existentes, integrando la inclusión financiera como un pilar transversal en la economía para asegurar un acceso equitativo de la población al sistema financiero formal.
