Analistas

La nueva política de Estado para la ruralidad colombiana

Se ha lanzado en este mes de febrero la nueva Política de Estado para la ruralidad colombiana. Un ambicioso Plan que el Gobierno en cabeza del Señor Presidente y de su Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, no han dudado en calificar como un verdadero revolcón institucional y conceptual.

El plan contempla tres “mega metas” para los próximos 10 años: 1) Crecimiento del PIB agropecuario a una tasa de 5%  anual; 2) reducir a la mitad la brecha urbano-rural de pobreza por ingresos en la próxima década; 3) Duplicar el área cultivada en Colombia, para llegar a 10 millones de hectáreas, de las cuales cinco millones tendrán adecuación de riego y drenaje.

La nueva política incluye un elemento novedoso en las políticas agropecuarias del país hasta ahora presentadas y es que está orientada hacia la oferta. De esta manera se producirán alimentos para los mercados nacional e internacional sin considerar el producto o el destino hacia donde se dirigirá esa producción. Será un enfoque de producción “duro y puro” de alimentos, cuyo objetivo es el de convertir a Colombia en otra despensa de alimentos para el mercado mundial y triplicar el volumen de las exportaciones agropecuarias para la próxima década con énfasis en los países asiáticos.

A pesar de que al momento de escribir este artículo no se conocen mayores detalles, le damos la bienvenida a esta nueva propuesta gubernamental, pues muchos sectores agropecuarios estábamos esperando un cambio de modelo enfocado hacia el crecimiento, la conquista de mercados y la provisión de bienes públicos para el mejoramiento de la productividad y la competitividad. A esto se suman dos componentes esenciales para la seguridad alimentaria del país: la formalización de la propiedad de la tierra y el ordenamiento del uso del suelo rural. Con el primero se logra conquistar un territorio fértil de Colombia que se encuentra en el limbo jurídico y el segundo es fundamental para detener los planes expansionistas urbanos de unos municipios tradicionalmente rurales, que están desplazando las actividades agrícolas y pecuarias fuera de sus fronteras.

Sin embargo, las preocupaciones que hoy tiene la avicultura frente a la política pública agropecuaria no cesarán hasta que no logremos definitivamente un enfoque que también considere a los empresarios del campo. Los esquemas asociativos que se proponen en este nuevo modelo parecieran resolver parcialmente nuestra preocupación, pero no estamos seguros de que terminen en un modelo robusto capaz de enfrentar a la competencia externa en el mercado nacional e internacional.

El día en que Colombia logre acceso a los mercados de Asía-Pacífico y particularmente, China, la política propuesta será puesta a prueba. China es un mercado de grandes volúmenes que requieren de una oferta consistente en cantidad, calidad y precio los doce meses del año. Este mercado con una población voraz que no se conquista con pequeños embarques de frutas u hortalizas, se necesita de verdaderas agroempresas. Las exportaciones agropecuarias, a su vez, dependen en buena medida de unas instituciones sanitarias fuertes que trabajen de la mano con los empresarios, que los apoyen de tal manera que se conviertan en una fuente de competitividad y no todo lo contrario. Desafortunadamente aún no tenemos eso. Tanto Ica como Invima siguen siendo entidades de bajos presupuestos, personal no idóneo, con escasa autoridad y a merced de los políticos. Su orientación no es clara y no responde a las realidades actuales del sector agropecuario.

Un caso evidente es el del Ica. En la medida en que el sector se ha venido diversificando y la participación de la avicultura ha ganado espacio hasta convertirse en el principal productor de proteína animal, el Ica sigue con su sesgo ganadero, destinando menos recursos tanto de personal como financieros a la gestión sanitaria de nuestro sector. Es por esa razón que le hemos pedido al Ministro de Agricultura, incrementar los recursos para el manejo sanitario avícola y al mismo tiempo que como gremio participemos en las instancias donde se toman las decisiones en materia de política sanitaria. Creemos que por nuestra importancia relativa en la seguridad alimentaria de Colombia, debemos ser miembros del Consejo Directivo del Ica.

En esa misma línea le solicitamos también al Ministro que convoque a la Comisión Nacional Avícola, creada en la Ley 1255 de 2008 con el fin de establecer las líneas de acción para el control de la influenza aviar y para la erradicación de la enfermedad de Newcastle. La buena ejecución de la nueva Política de Estado para la ruralidad colombiana dependerá  del compromiso de muchas instancias, desde el funcionario público de menor rango, hasta el Presidente de la Republica y con el acompañamiento del Congreso de la República. Los gremios estaremos ahí para asegurarnos como representantes de los productores agropecuarios que esta política se cumpla y logre los objetivos propuestos.