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Andrés Otero Leongómez Consultor en Investigaciones e Inteligencia Corporativa

La Segunda Enmienda, el derecho constitucional a poseer y portar armas, divide a los estadounidenses cada vez que ocurre una masacre o empieza un nuevo ciclo electoral. Los Republicanos defienden el derecho a armarse basados en la historia de independencia y la voluntad de los ‘Padres Fundadores’ de empoderar al pueblo frente a una posible tiranía. Los Demócratas se oponen públicamente en diferente grado, pero no se atreven a proponer un cambio legislativo de fondo por mero cálculo político. En Colombia se ha prendido el debate gracias a la acción de un médico, quien, actuando en defensa personal, terminó con la vida de tres de sus asaltantes en un puente peatonal en el norte de Bogotá.

No demoraron en salir las barras bravas del espectro ideológico a estigmatizar el incidente, sin analizar la causa del problema. Un sector mayoritario de la opinión pública salió a defender al médico, elevándolo a categoría de héroe y alegando el derecho de la gente a defenderse de la delincuencia. Los opositores en cambio, acusaron al médico de homicida, de falta de proporcionalidad en su respuesta, y tildaron la propuesta de armar a la gente como una invitación al regreso del paramilitarismo.

Si bien la estadística de delitos atroces ha mejorado en las últimas décadas, la realidad es que la gente está hastiada de la inseguridad. El robo de celulares y bicicletas, homicidios con arma blanca o de fuego, hurto de vehículos, paseo millonario, tráfico de menores y acoso sexual en el transporte público, son cosas que la ciudadanía no tiene por qué soportar.

Y no solo ocurre porque la policía no los capture o la fiscalía no los procese, sino porque nuestro sistema judicial se ha vuelto excesivamente garantista de los derechos de los delincuentes, y considera que una pena privativa de la libertad debe ser la excepción y no la regla. A esto se suma la crisis del sistema penitenciario, donde la resocialización es letra muerta y la reincidencia es pan de todos los días.

Para nuestros jueces, los encapuchados que atacan a la policía o destruyen Transmilenio no representan una amenaza para la sociedad, otorgándoles una especie de patente de corso para irrespetar a la autoridad. En las marchas atacan a los policías con todo tipo de artefactos poniendo sus vidas en peligro, y ellos tienen que responder con proporcionalidad para no terminar convertidos en tendencia en redes sociales, destituidos de la institución o tras las rejas.

Terminamos por confundir perdón y reconciliación con la renuncia a la seguridad y la legalidad. Ante la anarquía en la que vivimos, muchos consideran que armar al pueblo es la solución, y suena atractivo. Para mí el debate de fondo es cómo recuperamos los principios de autoridad y legalidad.

Volvamos a la política de los vidrios rotos; vigilancia por cuadrantes; más policías mejor equipados y entrenados; cámaras de seguridad con tecnología de reconocimiento facial por toda la ciudad; parar y registrar; y cero-tolerancia frente el crimen. Empoderemos a la policía para que pueda ejercer su labor. Construyamos una cultura de denuncia ciudadana y de respeto por las autoridades. La ley del talión está mandada a recoger, más nos vale fortalecer nuestras instituciones o de lo contrario terminaremos sacándonos los ojos.

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