El objetivo del caos

Colombia vive tiempos difíciles con el régimen progresista de Gustavo Petro. Quien pretenda negarlo tendrá que ignorar abiertamente una cruda realidad:

• (i) El Estado ha perdido el control de más de la mitad del territorio nacional y la violencia se ha disparado con el aumento del secuestro y la extorsión, como reconoce el propio Ministerio de Defensa,
• (ii) la emigración de colombianos se intensifica cada día más (37.800 personas en promedio están emigrando al mes, según Migración Colombia),
• (iii) el crecimiento económico sigue siendo insuficiente para lograr el ingreso de un país desarrollado (con el crecimiento promedio de 3%, ocurriría dentro de 40 años), (iv) las finanzas públicas son cada vez más insostenibles (tenemos un déficit fiscal de 5,7% del PIB, mientras las reformas estructurales del petrismo ponen más presión al gasto público y deterioran el recaudo futuro) y
• (v) la inflación, uno de los principales destructores del bienestar, amenaza con quedarse (en gran parte por daños autoinfligidos como aumentar el salario mínimo a una tasa de casi el doble de la inflación actual).

Desde luego, la ineptitud del Gobierno actual juega un rol central en el contraste existente entre las intenciones y las consecuencias. La contratación de personas altamente ideologizadas, pero poco capacitadas para el ejercicio de sus funciones en todos los frentes de la administración pública genera un vacío de conocimiento especializado y experiencia, que mina la eficacia del Estado. Sin embargo, es ingenuo pensar que la situación actual se debe solo a la negligencia.

En medio del caos de la cotidianidad, donde las acciones y omisiones del Estado parecen desconectadas entre sí, existe un común denominador doloso. La congelación de los precios de los peajes en infraestructura, el aumento insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación en salud, la intervención de la lógica técnica de la Creg y la proscripción de negocios atractivos para la industria petrolera en energía, la fijación arbitraria de tarifas del Soat en seguros y la disminución paulatina de la comisión de las AFP en pensiones, no son hechos aislados de mera incompetencia.

El caos sirve un objetivo deliberado: debilitar la economía de mercado y la democracia para perpetuar un régimen socialista en Colombia. Primero, el caos provocado por el intervencionismo estatal daña la lógica financiera de los negocios. Al intervenir los ingresos y costos de los actores privados, los incentivos económicos para emprender desaparecen. Al distorsionar la formación de precios, se destruye el fundamento del capitalismo: el ánimo de lucro. Al dañar el ánimo de lucro, la iniciativa privada desvanece y todo queda en manos del Leviatán.

Segundo, el caos aumenta el poder de los políticos, al permitirles someter a los actores que deciden continuar con actividades productivas a la extorsión permanente. Estas actividades quedan sumidas en la inseguridad jurídica y el obligado amiguismo con un gobierno ilimitado e impredecible. Esto genera las bases para un modelo oligárquico como el de Rusia o cleptocrático como el de Venezuela.

Y tercero, el caos genera las condiciones necesarias para que los ciudadanos no puedan votar libremente. La violencia e inseguridad generalizadas dan pie para que actores a quienes les conviene la anarquía, como los grupos armados ilegales y los narcotraficantes, coaccionen a ciudadanos a elegir políticos que perpetúen el caos donde sólo los criminales prosperan.