Y mientras tanto... El Estado Ladrón

Hace poco más de 30 años, Carlos Lemos Simmonds publicó un libro con un título incómodo: El Estado ladrón. No era una metáfora. Era un diagnóstico. Decía que el Estado colombiano había pasado “de ser inmenso, costoso, perezoso y fisgón a convertirse en algo peor: un malhechor”. Que el impuesto no servía para redistribuir la riqueza, sino para concentrarla en manos de quienes hicieron “de la burocracia una ganzúa y de la política una mafia con antifaz”. Y, mientras tanto, tres décadas después, el país vuelve a enfrentarse a más impuestos y a la misma pregunta: cuánto más puede cobrar un Estado que no demuestra usar bien lo que ya recauda.

En 2022 retomé esas palabras desde esta misma tribuna, frente a una reforma tributaria que repetía los vicios de siempre: más recaudo, menos eficiencia y poca austeridad estatal. El Congreso la hundió. El gobierno volvió a intentarlo. Y aquí estamos, con nuevos embates para recaudar $26 billones adicionales para un aparato estatal que no mejora.

Colombia tiene la tasa de impuesto de renta corporativo más alta de la Ocde: 35%, frente a un promedio del bloque de 23,9%. A eso se suman el impuesto al patrimonio permanente, el 4x1.000 y otros gravámenes. Por segundo año consecutivo, el Índice de Competitividad Fiscal de Tax Foundation ubica al país en el último lugar entre los 38 países del bloque.

La respuesta del Estado a sus déficits eternos no ha sido corregir su tamaño o eficiencia, sino volver a la misma fórmula: más impuestos, y la pregunta de cuánto Estado puede sostener el sector productivo sigue sin respuesta.

Lemos lamentaba “la desidia estatal, la pobreza, la injusticia sin soluciones, las obras inconclusas, los millones perdidos en las triquiñuelas de los especialistas en defraudar el erario”. Agréguense hoy los contratos de la Ungrd, el deterioro del sistema de salud y las vías prometidas que siguen siendo trochas. El diagnóstico empeora.

El problema es estructural: el Estado ha crecido en tamaño, presupuesto y apetito fiscal, sin traducirse en mejores servicios, seguridad jurídica, infraestructura o menor corrupción. Pero sí ha aumentado la burocracia, el clientelismo y la certeza de que pagar impuestos en Colombia es financiar un Estado mórbido y corrupto.

El sector privado ha aceptado su parte. Los incrementos del salario mínimo -por encima de la inflación y la productividad- se asumieron como aporte legítimo a la equidad; se ajustaron nóminas, costos y márgenes. Pero ahora llegan reformas que amplían gravámenes, eliminan incentivos y modifican reglas sin concertación. Para las empresas, incluidas las extranjeras, la señal es negativa: el sector productivo parece fuente inagotable de recursos para un Estado que no se aprieta el cinturón. Y los inversionistas con opciones en otros mercados toman nota.

Lemos Simmonds murió en 2003. Su diagnóstico sigue vigente. Hoy la pregunta permanece: ¿hasta cuándo exprimir al empresariado eficiente para financiar un Estado que no se autogestiona adecuadamente? Colombia no necesita más impuestos, sino un Estado que use bien lo que cobra: que construya lo que promete, que castigue la corrupción con cárcel y no con ascensos y tarimas, que trate al contribuyente como aliado, no como botín. Mientras eso no ocurra, Lemos seguirá teniendo razón. Y Colombia seguirá pagando por ello.