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Las cuentas de la lechera

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Amylkar D. Acosta M. Docente de la Universidad Externado de Colombia

El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó a la consideración del Congreso el proyecto de Presupuesto para la vigencia 2020, aforándolo en la suma de $271,7 billones y lo ha calificado como “fiscalmente responsable”.

Grosso modo sus principales rubros son estos: funcionamiento $172,1 billones (63,3%), deuda $59,3 billones (21,8%) e inversión $40,4 billones (14,9%). Los principales supuestos implícitos en este proyecto son los siguientes, soportados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado por el Gobierno en el mes de junio: crecimiento del PIB del 3,6% en 2019 y 4,1% en 2020, tasa de cambio de $3.132 por dólar en 2019 y $3.151 en 2020 e inflación de 3,4% y 3% para los años 2019 y 2020, respectivamente. Cabe preguntarse qué tan realistas y realizables en la práctica son estas premisas.

Al presentar oficialmente el MFMP el ministro Carrasquilla manifestó que “la mejor política fiscal es un mayor crecimiento económico y esa es la gran apuesta del Gobierno”. Y no le falta razón al Ministro, de modo que si él pierde su apuesta de crecimiento del PIB, como lo sostiene la calificadora de riesgo Moody’s, ello “podría llevar a un menor recaudo tributario, que requeriría un mayor esfuerzo fiscal para continuar reduciendo el déficit del Gobierno”. Y, como es bien sabido, la meta de éste es la de reducir el déficit del 3,1% del PIB a 2,4% en 2019 y llevarlo hasta el 1,6% en 2020. Para ello, será menester un fuerte apretón del gasto, máxime cuando según el propio Ministro el proyecto de presupuesto está desfinanciado en $8 billones.

Se pretende por parte de ministro Carrasquilla reducir el tamaño del Estado y por esta vía reducir el gasto, el cual pasó de representar el 16,8% del PIB en 2013 al 15,6% en 2018 y ahora el Gobierno se propone reducirlo, una vez más, hasta el 15,4% en 2022. Pero, según las conclusiones a las que arribó la Comisión del gasto y la inversión pública, “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”.

Y, como lo sostiene Jorge Iván González, uno de los integrantes de dicha Comisión, de acuerdo con la Ley de Wagner, el gasto público crece inercialmente como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público, según la Comisión del gasto, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. Es más, como lo dice él, “a medida que las sociedades son más complejas, el gasto público tiene que aumentar para poder responder a las necesidades colectivas. La Comisión del Gasto pone en evidencia el tamaño relativamente pequeño del Estado colombiano cuando se compara con otros países de América Latina y, sobre todo, de Europa”.

Refiriéndose al proyecto de Presupuesto, Jorge Iván González planteó: “lo peor que se puede hacer en este momento, si está aumentando el desempleo, es reducir la inversión pública”. Ello, además, le restaría impulso al débil crecimiento del PIB.

Es más, a juicio del presidente de Anif, Sergio Clavijo, “tampoco lucen realistas ni fundamentadas las pretendidas contracciones del gasto público del MFMP 2019, requeridas para terminar de cumplir las metas de la Regla fiscal…la administración Duque tuvo que recurrir a incrementar el gasto público por un 1% del PIB durante su primer año de gobierno. Esto indica que el track-récord da poca credibilidad a este esquema, así algunos consideren que las ‘pataletas presupuestales’ del Ministro sean una garantía”.

En cuanto a los ingresos se refiere, el Ministro de Hacienda viene haciendo cuentas alegres, como las de la lechera de Samaniego, que enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Veamos: se aduce que al reducir la tarifa efectiva que deben tributar las empresas se mejora la tributación neta 0,8 puntos porcentuales, elevándola al 14,7% del PIB para 2022, de los cuales 0,4 puntos porcentuales serían atribuibles a “gestión fiscal” por parte de la Dian.

Pero, la otra cara de la moneda está representada por el costo fiscal de la Ley de desfinanciamiento, como la llama Anif, que se calcula en $10 billones para el año entrante. Sólo por concepto del descuento del 100% del IVA en la compra de bienes de capital $6 billones por año. Como lo sostiene el experto en economía Johns Hopkins “la Ley de Financiamiento salió mal: si bien bajó los impuestos empresariales, como había prometido el presidente en campaña, lo hizo a costa de dos males. El primero, una larga lista de exenciones y tratamientos especiales injustificados que premian a aquellos con capacidad de lobby o a los que tiñen su actividad con ciertas características cromáticas anaranjadas; y, el segundo, al recaudarse menos de lo que el plan de gobierno requiere, las cuentas públicas se descuadraron”.

Además, los resultados que se esperaban con el alivio tributario a las empresas siguen sin impulsar el crecimiento, al punto que la Junta directiva del Banco de la República redujo su previsión de crecimiento del PIB para este año del 3,5% al 3,1%. De hecho, después de crecer en el primer trimestre el 3,1%, para modo de alcanzar la meta del 3,6% la economía tendría que crecer en el segundo semestre por encima del 4%, lo cual es muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta el freno al crecimiento de la economía global a consecuencia de la guerra comercial entre las dos grandes potencias, China y EE.UU. Y no hay que olvidar que cada punto del PIB del crecimiento representa recaudo del orden de los $2 billones, aproximadamente. Tampoco se ha traducido en mayor generación de empleo, por el contrario, el desempleo viene creciendo. En lo sucesivo, los beneficios tributarios o de otra índole que se dispensen a los contribuyentes a manera de incentivos o estímulos deberían estar condicionados al cumplimiento de los fines que los justifican.

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