Abuso con las nuevas generaciones

El estallido social de las últimas semanas en el país ha mostrado que los efectos económicos de la pandemia han sido muy pronunciados en la población joven. Un indicador que evidencia esto es la tasa de desempleo juvenil que, según el Dane, cerró en 24,7% promedio en 2020, muy superior a 16,1% del total de la economía. Pareciera que la contracción económica del año anterior perjudicó más severamente a los jóvenes que a la población de más de 30 años.

Pero no se puede olvidar que otro grupo afectado, aunque con menos fuerza para alzar su voz, han sido los niños y niñas. Ellos sufrieron el cierre de colegios y jardines durante varios meses (algunos aún continúan cerrados) y aunque en algunos casos privilegiados pudieron seguir su educación de forma virtual, en otros no ocurrió, perpetuando una desigualdad social que arranca desde la más temprana edad. A eso se suma que, según algunos estudios, dichos cierres pueden haber afectado el nivel de escolaridad del país hasta en dos o tres años. De esta manera, gran parte de las soluciones para dar un paso adelante en esta crisis económica y social pasan por diseñar políticas públicas asertivas para los niños, que potencien su desarrollo y movilidad social, y por asegurar que los jóvenes perciban un cambio que los beneficie para que sientan que el progreso del país también es con ellos.

En el caso de la población en edad escolar significa inicialmente asegurar la reapertura total de los jardines y colegios y que estos tengan prioridad al momento de definir medidas de restricción para controlar los picos de la pandemia, que seguirán llegando. Además, implica hacer todos los esfuerzos para garantizar una correcta infraestructura educativa y acelerar los avances en materia de calidad de la educación impartida.

En el caso de los jóvenes, significa elevar los recursos para programas públicos que financien parte de la educación superior y formalizar los esfuerzos para que puedan conseguir trabajo una vez terminen sus estudios, a través de programas, como las que ya han empezado a presentar el gobierno nacional y el sector privado. A esto se le debe sumar la reactivación económica, sobre todo en sectores como comercio, industria y agricultura que son los mayores empleadores de jóvenes, sin olvidar que no se pueden dejar de lado las soluciones estructurales, que reduzcan y flexibilicen el costo de contratarlos formalmente.

Lo paradójico de todo esto es que gran parte de las soluciones expuestas implican mayores recursos presupuestales, es decir una reforma fiscal, y una reforma laboral que flexibilice la contratación formal. Y esto es justamente lo que ha sido rechazado en protestas y movilizaciones, donde los jóvenes, movilizados en gran número, han dejado equivocadamente que quienes no los representan, ni a ellos ni a los más chicos, sean los voceros de sus sueños y frustraciones.

Por ello, la labor del gobierno nacional y la sociedad civil es explicar pedagógica y pacientemente a estos jóvenes, que sueñan con un país que los incluya en el progreso social, que la forma de lograr esta inclusión es a través de reformas que permitan dispersar los beneficios que genera el crecimiento económico. En cambio, mantener el status quo solo beneficia a unos pocos que esconden sus ambiciones políticas en un discurso populista que utiliza para su provecho las frustraciones de las nuevas generaciones.