A pesar de que el crecimiento económico ha decepcionado este año, México continúa mostrando buenas sorpresas en las perspectivas de aprobación de las reformas estructurales. Desde el inicio de la administración Peña Nieto, el país ha evidenciado la aprobación de la reforma laboral, la reforma a las telecomunicaciones, la reforma educativa, y ahora estamos entrando en la recta final del esfuerzo reformador, de la mano de la reforma energética, política, y de la reforma fiscal.
La “madre” de todas las reformas será, sin duda alguna, la reforma energética. Esta reforma es la más complicada de lograr desde el punto de vista político, pues el pueblo mexicano continúa apreciando en forma mayoritaria que la explotación de hidrocarburos y el servicio de energía sigan en manos estatales. Aún después de tantos años, el expresidente Lázaro Cárdenas continúa siendo un gran emblema, por la decisión que tomó durante su administración de expropiar los activos de las petroleras internacionales (en 1938).
La reforma que acaba de presentar la administración Peña Nieto le vuelve a abrir las puertas a la explotación petrolera internacional en suelo mexicano. Como a todos en el mercado, me hubiera gustado más que el texto de cambio constitucional hubiera buscado legitimar los contratos de producción compartida en vez de a los contratos de ganancia compartida. La diferencia suena sutil, pero no lo es. Hipotéticamente, si una compañía petrolera tiene un contrato de producción compartida con Pemex y se encuentra petróleo, parte de las reservas de ese yacimiento encontrado pasan a manos de la compañía privada, y la compañía puede incluir ese petróleo dentro de sus estados financieros (como un activo). El problema, claramente, es que el petróleo dejaría de ser de Pemex en ese momento, y ese hecho implicaría una violación de la constitución. Ahora, bajo el contrato de ganancia compartida, el petróleo se mantiene en las manos de Pemex hasta que éste se vende, punto en el cual se le da la “tajada” de las ventas que le corresponde a la empresa privada que se asoció con Pemex.
Este esquema es menos atractivo para las empresas privadas, pues bajo este esquema las empresas no podrían mostrar incrementos en el valor de los activos atados a inversiones en exploración. Por esta razón es que las autoridades de México están trabajando para permitir que los contratos petroleros sean registrados con el SEC de EE.UU., y de esta forma las compañías de petróleo podrían, al menos en teoría, contabilizar la producción futura como stock (volumen) de petróleo, y en esa forma se podría incrementar el interés de las petroleras para invertir en México.
Otra parte relevante de la reforma tiene que ver con los cambios que se quieren introducir en Pemex. Estos cambios no dan espera, pues urge que la petrolera estatal comience a mostrar mejores niveles de gestión. De acuerdo a una tabla publicada por mi gran amigo Alberto Padilla en su página de Facebook, tabla que se basa en información que viene de los estados financieros de las respectivas compañías petroleras mundiales, los números de Pemex dejan muchísimo que desear. Por ejemplo, las ventas totales de Pemex alcanzaron S$127.000l millones en 2012, comparado con los US$144.000 millones que vendió Petrobras, los US$30.000 millones que vendió Ecopetrol y los US$482.000 millones que vendió Exxon-Mobil. Pero acá la parte complicada. Pemex tiene una planta laboral que alcanza 151.000 personas, comparado con los 85.000 empleados que tiene Petrobras, los 8.800 empleados que tiene Ecopetrol y los 76.900 empleados que tiene Exxon.
Esto implica que las ventas por empleado de Pemex alcanzaron US$841 en 2012, comparado con US$1.694 en Petrobras, US$3,753 en Ecopetrol y US$6,271 en Exxon-Mobil. Mejor dicho, la productividad por trabajador en Pemex solo llega al 13.4% de lo que alcanza en Exxon-Mobil. Claramente, las cosas tienen que cambiar.
